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La justicia más injusta

Con motivo del día de la libertad de prensa 2016, Reporteros sin Fronteras resaltó las lamentables condiciones bajo las que actúa el periodismo en muchas partes

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“¿Por qué una fiscalía tarda cinco años y medio en presentar una acusación contra una empresa fabricante de armas, pero cuando se trata de iniciar juicios penales contra los periodistas que desenmascaran el negocio de armas, actúa rápidamente y despliega todos sus esfuerzos?” Esta es la pregunta que con razón planteó el abogado, investigador de la industria de armas y activista por la paz, Jürgen Grässlin, quien participó en la realización del premiado documental Meister des Todes ("El Maestro de la Muerte"), en el que se explica y detalla el envío ilegal de fusiles de asalto de la empresa alemana Heckler & Koch a México.

Esta semana, y con motivo del día de la libertad de prensa 2016, Reporteros sin Fronteras resaltó las lamentables condiciones bajo las que actúa el periodismo en muchas partes. Para ello, ilustraron en un mapa la situación de la libertad de prensa en el mundo, señalando como los mejores lugares a Alemania y a los países escandinavos. La diferencia es considerable en comparación a países como Afganistán, Irak, Rusia o México, donde los periodistas de investigación temen por su vida e integridad física cuando ejercen su oficio.

Es verdad. La situación en Alemania es bastante mejor que en países como Turquía y Hungría, pero, de todos modos, el país no es inmune al virus de la represión, que afecta a periodistas considerados indeseables. Una y otra vez hay intentos de intimidar a los periodistas; sobre todo en materias de seguridad nacional, un aspecto especialmente sensible. Muestra de ello fue el juicio por alta traición seguido el verano pasado contra netzpolitik.org, un blog alemán en defensa de los derechos y libertades, así como los intentos -menos conocidos- por perseguir penalmente a periodistas del diario Süddeutschen Zeitung.

Buscando una “cabeza de turco”

Ahora, tras las revelaciones sobre las prácticas de exportación de armas de Heckler & Koch, la fiscalía de Munich activa todas sus fuerzas, pero -y ahí viene lo gordo- para iniciar investigaciones contra los periodistas que colaboraron en el documental. Esto resulta, por decirlo en términos suaves, totalmente absurdo. Los fiscales están aplicando el controvertido parágrafo 353d Nr. 3 del Código Penal alemán, según el cual está penada la divulgación de documentos que sean parte de una acusación o de documentos oficiales utilizados en procesos penales. El hecho de que la fiscalía utilice este parágrafo sumamente criticado contra quienes investigaron durante años, con el único fin de desenmascarar el negocio de armas y alertar a la propia fiscalía de que debía ponerse en acción, es un recurso barato que ni siquiera logra intimidar a los periodistas honestos.

De hecho, el grupo investigado por la fiscalía de Munich hizo posible que se recopilaran antecedentes para acusar a algunas empresas fabricantes de armas. Gracias a ellos, se descubrió que Heckler & Koch despachaba armas al corrupto y violento sistema policial mexicano, pero además -¡oh sorpresa!- que esas mismas armas probablemente fueron utilizadas en la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en septiembre de 2014, la que sin duda es la peor masacre de la reciente historia mexicana. Y ahora resulta que la fiscalía no persevera en sus investigaciones, sino todo lo contrario: echa mano del parágrafo 353d Nr. 3 contra periodistas que considera “políticamente incorrectos”, en vez de hacer frente a las “respetables y poderosas” empresas que fabrican y venden armamento.

PD. En Luxemburgo, señalado normalmente como un lugar propicio para ejercer la libertad de prensa, se está llevando a cabo el juicio Lux Leaks contra los dos informantes, Antoine del Tour y Raphaël Halet, y el periodista Edouard Perrin. Se les imputa haber publicado documentos del “esquema de optimización fiscal”, planificado en Luxemburgo, el cual conlleva una pérdida de 65 a 70 mil millones de euros en ingresos fiscales cada año. En todo el continente los gobiernos se quejan de la carga que significa recibir a refugiados, pero no se hace nada por poner fin a las prácticas de quienes realmente hacen un daño grave y sostenido a nuestra sociedad.

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