Reivindicando dignidad: pan, trabajo y techo para todos

En España los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, el 2% de los hogares se retrasa en el pago de sus facturas domésticas y el 12% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Asimismo, el Segundo Informe sobre la Pobreza Energética refleja que cuatro millones de españoles no pueden permitirse mantener en su vivienda una temperatura adecuada, siendo los jubilados el sector más afectado, pasando del 13% al 21% los que pasan frío en sus casas. Asimismo, el 21,1% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. UNICEF recalca que la pobreza infantil ya supera el 27%. Y el INE subraya que los ingresos anuales de los hogares disminuyeron un 1,31% con respecto a 2011, mientras que el ingreso medio por persona se sitúa por debajo de los 6.320 euros. Igualmente tres millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 euros al mes. Como colofón, disfrutar de una semana de vacaciones al año se ha convertido en un lujo asiático. El 44,5% de las familias no pueden hacerlo; cifra 5,6 puntos más elevada que en 2011.

En resumen, estos datos reflejan un creciente aumento de las desigualdades y un grado de exclusión social donde la marginalidad se hace crónica. El último informe de la OCDE de 2014 evidenció que el 10% de los hogares españoles con menos ingresos perdieron un tercio de los mismos entre 2007 y 2010, con una caída anual del 14% aproximadamente. Mientras tanto, el 10% más rico sólo disminuyó un 1%. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fue trece veces más alto que el más pobre. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se empeña en hablar de recuperación, descalificando los estudios de Caritas sobre marginalidad y subrayando que UNICEF miente y altera las cifras de pobreza en España.

En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado el rumbo desde el inicio de la crisis. En 2013, el porcentaje de la población activa en paro se situó en el 26,7%. Y en este último año de gobierno del Partido Popular se han perdido 800.000 empleos. Además, 2,7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, situando la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era del 64,05%, en diciembre de 2013 no supera el 61,44%. Asimismo, el paro juvenil afecta a un 57,7% del colectivo. A lo anterior, debemos agregar que el empleo ha visto crecer las modalidades de contratos basuras, tiempo parcial y formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos.

Por otro lado, la reforma laboral se cobra frutos en todas las esferas de las relaciones sociolaborales. Abarata el despido, favorece y fomenta la firma de contratos miserables, disuelve la negociación colectiva, haciendo que las empresas obtengan pingües beneficios cuando se acogen a los expedientes de regulación de empleo (ERE); una forma expedita de reducir personal, despedir a trabajadores experimentados cuya edad está por encima de los 45 años y sus sueldos superan los 1.500 euros. El caso más sangrante, el de Coca-Cola. Su dirección solicita el despido de un quinto de la plantilla y promueve el cierre de cuatro de sus once plantas; entre ellas, la joya de la corona, situada en Fuenlabrada, cuya tecnología punta la hace ser la más rentable de Europa en relación coste-beneficio. Aun así, prescinde de ella. El objetivo del ERE es recontratar al personal bajando los sueldos y empeorando las condiciones de trabajo, equiparando los sueldos de España a los pagados en sus plantas portuguesas que ascienden a poco menos de 500 euros al mes.

A todo lo anterior, sumemos la política de desahucios llevada a cabo por los bancos en connivencia con el Partido Popular, que se negó a considerar la iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, a pesar de las 1.402.854 firmas que la avalaron. Según el Banco de España, en 2013 se produjo una media diaria de 216 actos de ejecución hipotecaria. Sólo en los seis primeros meses la cifra alcanzó las 19.567 ejecuciones. En 2012 fueron un total de 32.490 las actuaciones judiciales. En la actualidad se produce una cada quince minutos. El drama que asola a familias abocadas a vivir en la calle, coches, caravanas, albergues o regresar a la vivienda de sus padres, crece exponencialmente. Los bancos prefieren mirar hacia otro lado y continuar con los embargos, considerando a los desahuciados como delincuentes. Entre ellos destacamos a Banco de Santander, BBVA, Bankia, La Caixa, Ibercaja y Kutxa. En este contexto, los casos de suicidio por depresión, impotencia e incapacidad para hacer frente a la deuda han saltado a la palestra y son noticia. Valga señalar que en 2012 fueron 16 los casos reconocidos por impago. Mientras tanto, el gobierno solicita a los medios de comunicación que eviten reseñar dichos casos para no crear alarma social.

“Pan, trabajo y techo para todos” fue la reivindicación que el pasado 22 de marzo las marchas por la dignidad confluyentes en Madrid levantaron como estandarte de la multitudinaria manifestación. Mujeres, jóvenes, desempleados, jubilados, trabajadores en paro, sanitarios, estudiantes, sindicalistas, bomberos, militantes de organizaciones no gubernamentales, actores e intelectuales -en suma, toda la sociedad civil- confluyeron pidiendo un cambio de rumbo. Fueron un millón de ciudadanos, coreando un “¡basta ya!” a la política neoliberal de privatizaciones, austeridad y recortes iniciada con el gobierno de Rodríguez Zapatero y continuada por el actual de Mariano Rajoy.

Las voces eran múltiples. Unas demandando los fondos de ayuda de la ley de dependencia, esquilmados por el Partido Popular. Las mujeres marchando contra la ley del aborto. Los trabajadores exigiendo sus derechos laborales y un empleo digno. Los inmigrantes sin papeles solicitando su regularización. Desahuciados que clamaron contra la deuda eterna que les persigue a pesar de haber entregado sus viviendas a los bancos. Afectados por las preferentes o estudiantes pidiendo la derogación de la ley de educación. Investigadores recordando los compromisos de becas y jubilados contra la congelación y recorte de sus pensiones.

Así, las marchas por la dignidad caminaron pacíficamente por Madrid reivindicando pan, trabajo y techo para todos. Punto de partida para reconducir y poner al descubierto el despropósito de la barbarie capitalista. Sin embargo, el gobierno decidió mirar hacia el otro lado. Prefirió ocultar las cifras de los manifestantes y sus demandas, centrando su discurso en las acciones de provocación posterior a la marcha que acabó con la intervención de las fuerzas de orden público. ¿Infiltrados, provocación? La manipulación ha sido evidente. Desde fotos trucadas hasta declaraciones incendiarias de los dirigentes del Partido Popular y la delegada del gobierno en Madrid. Ahora se pretende sentar a los organizadores en el banquillo de los acusados. Culpables las victimas. Así actúa el gobierno. Viola los derechos humanos, criminaliza las protestas sociales y crea una ley de seguridad ciudadana para acallar las voces de la dignidad. Mientras tanto, protege al capital financiero, a las empresas trasnacionales y entrega el país a los fondos buitres de riesgo. Por suerte, los trabajadores no se dejan amedrentar. La dignidad de España, como de costumbre, se sitúa abajo y a la izquierda.