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El parlamento asturiano pide a Rajoy que publique los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal
Asturias —
El Parlamento asturiano ha aprobado este viernes pedir al presidente Mariano Rajoy que haga pública la lista de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 y que promueva las modificaciones legales necesarias para que así sea. Esta iniciativa forma parte de una batería de medidas para luchar contra la corrupción.
La resolución de Izquierda Unida ha salido adelante con el apoyo del PSOE y UPyD, la abstención del PP y el voto en contra de Foro. Según han defendido desde la formación, la medida “genera inseguridad jurídica” a todos los que se acogieron a a la amnistía con la garantía de que el Ministerio de Hacienda ocultaría sus nombres.
El caso del ex sindicalista José Ángel Fernández Villa, que se acogió a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno central, ha provocado una pronta reacción de los socialistas asturianos. “Acogerse a una amnistía fiscal, aunque sea legal es tanto como reconocer que hubo fraude fiscal y nos da igual que sea un señor sindicalista, esté en la Ejecutiva socialista o tenga un cargo público; no son admitidos en nuestro partido. Nos parece bien que se haga pública la lista”, defiende el portavoz socialista.
En relación a este caso, el parlamento autonómico creará una comisión de investigación para aclarar la fortuna oculta del dirigente histórico Fernández Villa, investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras regularizar 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal.
El último debate sobre el estado de la región ha concluido con la propuesta de varias medidas de choque contra la corrupción como broche de oro a esta legislatura. El PSOE logra sacar adelante, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, el Pacto Anticorrupción, promovido por el presidente del Gobierno regional, Javier Fernández, por el que se apartará de su cargo en las instituciones a políticos condenados en sentencia firme o que estén en un proceso de juicio oral por un delito de corrupción o malversación. “Hay que ir más allá y no ampararse en lo que dice la legislación”, dice el portavoz socialista.
Tampoco podrán ir en una lista electoral ni desempeñar un cargo público los imputados por corrupción ni los que hayan cometido un delito grave contra la administración pública. Todos los grupos, a excepción de Foro, respaldaron esta resolución de UPyD.
A iniciativa del diputado magenta, la Cámara pedirá a la Caja de Ahorros de Asturias que aclare si sus consejeros tuvieron tarjetas de crédito opacas similares a las de los consejeros de Bankia.
Otra de las medidas propone que los partidos, sindicatos y patronales que reciban financiación pública, deberán informar públicamente sobre sus estructuras, personal y remuneraciones. Asimismo, la Cámara promoverá un acuerdo sobre la información veraz y la transparencia en el reparto del dinero en la publicidad institucional.
Los grupos parlamentarios asturianos han querido iniciar el último curso político de esta legislatura, demostrando que hay voluntad de combatir la corrupción en sus distintas vertientes, y “transmitir a la opinión pública que es una cuestión de ética y un cambio en la forma de hacer política”. El PSOE señala que, en caso contrario, no podrán pedir a los ciudadanos “un comportamiento decente y de rechazo a la corrupción, sea legal o ilegal”.
