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La CE ve "alarmante" el informe sobre la sardina y pide una gestión a España y Portugal

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La CE ve "alarmante" el informe sobre la sardina y pide una gestión a España y Portugal

La CE ve "alarmante" el informe sobre la sardina y pide una gestión a España y Portugal

La Comisión Europea (CE) consideró hoy "alarmante" el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) sobre la situación de la sardina en el Atlántico, de la que recomienda frenar las capturas en 2018, y pidió a España y Portugal actualizar el plan para la gestión de esa especie.

En la víspera de que la CE presente su propuesta de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para las aguas del Atlántico y el mar del Norte de 2018, España mostró en Bruselas su preocupación por la situación de la sardina, no incluida en este reparto.

En el marco del Consejo de ministros de Agricultura y Pesca, que se celebra hoy en Bruselas, el secretario general español de Pesca, Alberto López-Asenjo, mantuvo contactos con la CE sobre este asunto.

La sardina no está sometida al régimen de TAC que regula la pesca del Atlántico, pero sí a un plan de gestión acordado entre Portugal y España en 2012.

Ambos países defienden la continuidad de la captura de sardina ibérica del Atlántico, a pesar de los informes científicos favorables a una veda.

En juego está su captura en el golfo de Cádiz, aguas portuguesas, de Galicia o del mar Cantábrico.

Fuentes comunitarias opinaron hoy que el informe del ICES es "alarmante" y aseguraron que la CE "mantiene contactos con España y Portugal para ver cuál podría ser la mejor vía de actuación", aunque "no hay una fecha límite" para cerrar un plan.

El portavoz comunitario de Asuntos Marítimos y Pesca, Enrico Brivio, subrayó a Efe que la CE "asesora" en estos momentos a España y Portugal para que tomen una decisión "en los próximos meses" sobre la gestión de la sardina en el Atlántico, ante un informe que alerta de que la especie está en peligro.

"Bruselas no prohíbe pescar sardinas, sino que asesora a los países basándose en criterios científicos independientes", afirmó Brivio, quien advirtió de que las decisiones al respecto "deben ser tomadas por los Estados miembros (España y Portugal) responsables de la gestión de la especie en los próximos meses".

El ICES, que asesora a la CE en materia de capturas pesqueras, ha aconsejado una "cuota cero" en 2018 en los caladeros ibéricos del Atlántico, ya que considera que la especie está en una situación muy delicada y que podría tardar muchos años en recuperarse.

El dictamen se basa en el principio de "rendimiento máximo sostenible" (RMS), explotación de una especie a niveles biológicos seguros, uno de los aspectos centrales de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), y añade que la recuperación de la sardina hasta niveles "seguros" con una alta probabilidad (del 95%) podría suponer quince años sin pesca.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de Europêche, Javier Garat, afirmó a Efe que el ICES no planea solo "la captura cero", sino también un escenario con restricciones para reducir las capturas de sardinas a 4.000 o 16.000 toneladas.

Garat espera que España y Portugal sean "capaces de llegar a un acuerdo en el que se consiga recuperar la población de sardina, quizá no tan pronto como al ICES le gustaría, pero que tenga en cuenta las condiciones socio-económicas".

El presidente de Europêche admitió que, si bien el plan de gestión acordado entre España y Portugal "ha permitido una recuperación de la biomasa de la sardina de un 32 %" en tres años, "hay que seguir adoptando medidas".

Sobre la base de la recomendación científica, Bruselas planteará mañana recortar, mantener o aumentar las cuotas pesqueras para 78 reservas pesqueras.

España centra gran parte de su expectación en las cifras para la merluza, la especie de mayor valor comercial para el sector español, para la que, en las negociaciones del año pasado, logró moderar los drásticos recortes propuestos por Bruselas para asegurar la sostenibilidad de la pesquería.

Tras una dura negociación, el Consejo de Ministros de Pesca dio el visto bueno a una propuesta que aminoró las bajadas para la merluza sur y el jurel, al 1,4 % y al 23 % respectivamente, como pedía España.

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