Alemania accederá a los móviles y ordenadores de los refugiados para “determinar su identidad”

Alemania ya no da la bienvenida a los refugiados, sirios o de cualquier otro lugar. El proyecto de ley aprobado esta semana por su Consejo de Ministros está diseñado para agilizar la expulsión de solicitantes de asilo que han sido rechazados. Entre las medidas propuestas para acelerar el rechazo de los demandantes, se incluye el acceso acceso a sus ordenadores y teléfonos móviles.

El año pasado llegaron a Alemania 280.000 peticionarios de asilo, un 68 % menos que en 2015, cuando Angela Merkel lideró el movimiento de bienvenida a los refugiados para contener lo que consideraban una crisis humanitaria. En aquel momento recibieron a más de 890.000. Este año de elecciones, el gobierno querido acelerar el proceso de deportación de aquellos demandantes sin derecho a asilo, que según las últimas cifras son más de 200.000. Casi todos.

Para conseguirlo, la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) tendrá la potestad de acceder a los dispositivos móviles para determinar la identidad de los demandantes, en concreto su nombre y su país de origen, en caso de no contar con los documentos identificativos pertinentes.

Una medida “inteligente y razonable”

El Ministro del Interior Thomas de Maiziere considera que se trata de una medida “inteligente y razonable”, y que “no es mucho pedir” que el Estado tome medidas para cerciorarse de la identidad de una persona que está demandando protección. Añadió que la mayoría de los peticionarios cuentan con los documentos identificativos necesarios, pero que muchos de aquellos con pocas probabilidades de recibir el asilo deseado no disponen de un pasaporte válido, “pero sí de un teléfono móvil”, lo que permite presuponer que “quieren prolongar su estancia en el país obstaculizando su identificación”.

La BAMF podrá también compartir datos sobre la identidad de los peticionarios a las autoridades competentes sin que ello suponga una violación de la privacidad de estas personas. El proyecto facilita también la detención para su expulsión de aquellos peticionarios de asilo rechazados que representan una amenaza a la integridad física o a la seguridad nacional y contempla también la introducción de tobilleras electrónicas para una mejor vigilancia de sospechosos.

Según el jefe del servicio de seguridad alemán, Hans-Georg Maassen, unas 1.600 personas son consideradas potenciales terroristas islamistas por el Departamento de Protección de la Constitución (BfV).

Centros de acogida breve y expulsión generalizada

Los estados federados podrán obligar a los peticionarios a vivir durante un tiempo determinado en un centro de primera acogida, prorrogable para aquellos solicitantes sin perspectivas de recibir asilo, antes de ser expulsados directamente desde allí a sus países de origen.

Aquellos demandantes rechazados “que obstaculizan su expulsión con datos falsos” quedarán restringidos a la oficina de extranjería que lleva su caso. El tiempo máximo de internamiento previo a la fecha de la deportación se ampliará de cuatro a diez días para ofrecer un margen a la organización, por ejemplo, de expulsiones en grupo. “Naturalmente”, concede de Maiziere, “las salidas voluntarias siguen teniendo prioridad”.