Álava pide al Gobierno el cierre inmediato de Garoña

Las Juntas Generales de Álava han exigido hoy al Gobierno central el cierre “definitivo, incondicional e inmediato” de la central nuclear burgalesa de Garoña y han acordado solicitar el amparo de la Comisión Europea para que impida la concesión de una hipotética licencia de apertura.

El parlamento provincial alavés ha adoptado esta decisión con el apoyo de todos los grupos -PNV, EH Bildu, Podemos, PSE-EE, Irabazi y Ciudadanos-, con la excepción del PP, en el tradicional pleno de Santa Catalina.

Esta sesión plenaria se dedica de manera monográfica a un asunto de importancia para el territorio y este año se ha centrado en el debate sobre el cierre de la planta de Garoña, situada en Burgos pero a unos 40 kilómetros de Vitoria.

Todos los grupos, excepto el PP, han aprobado una enmienda transaccional en la que se exige al Gobierno español, a Nuclenor, Iberdrola y Endesa el cierre de la central y “la inmediata puesta en marcha del desmantelamiento” de Garoña bajo la supervisión de una comisión interinstitucional.

También han reclamado al Gobierno Vasco que interponga un recurso contra la declaración de impacto ambiental que autoriza la instalación de un almacén de material nuclear en Garoña.

Las Juntas Generales instan por lo tanto al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que no apruebe una nueva licencia para reabrir estas instalaciones y advierten de que si lo hace solicitarán el amparo de la Comisión Europea.

Tras denunciar la falta de información del Ejecutivo central a las instituciones vascas sobre sus planes para esta planta, el parlamento provincial ha acordado convocar “a la mayor brevedad” un “gran acto institucional y social que visualice el rechazo masivo y unánime” de Álava a mantener activa esta central.

En este acto, además de las instituciones alavesas, se invitará a participar a sindicatos, asociaciones, grupos ecologistas, agentes culturales y sociales y a toda la ciudadanía, desde el convencimiento de que la movilización popular es imprescindible para extender a toda España este rechazo a la reapertura de Garoña.

Las Juntas Generales de Álava han instado también a la Diputación del territorio a contratar de forma progresiva el 100 % de la energía eléctrica que consume en sus dependencias a una comercializadora que se provea de fuentes de energía renovables.

Durante el debate de esta enmienda, el portavoz del PP en las Juntas y presidente de los populares alaveses, Javier De Andrés, ha defendido garantizar la seguridad en la central puesto que aún tiene combustible, de ahí la necesidad a su juicio de crear un almacén temporal que albergue los residuos nucleares.

El resto de grupos han reprochado la “indefinición” e “incoherencia” del PP en esta materia, con discursos diferentes en Álava y Madrid o Burgos, y han recalcado que el cierre definitivo de Garoña sólo requiere de voluntad política.