Las leyes de vigilancia de Reino Unido son ilegales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo tiene claro: la recolección “general e indiscriminada” de datos por parte de los gobiernos solo está permitida cuando se use para combatir el crimen. La decisión viene después de que Reino Unido aprobase el mes pasado la Investigatory Powers Bill, una ley que en última instancia ratificó la Reina Isabel II el 29 de noviembre. En abril de este año también supimos que los funcionarios de la oficina de inmigración del país llevaban desde 2013 hackeando teléfonos y ordenadores de los refugiados y solicitantes de asilo.
La UE señala que la recolección de esos datos significa que los ciudadanos se sienten en “constante vigilancia” y permite a los gobiernos llegar a “unas muy precisas conclusiones” sobre sus vidas privadas. La Investigatory Powers Bill legaliza el programa de vigilancia a escala global de Reino Unido e introduce un factor nuevo: el gobierno puede almacenar en una base de datos información relativa a cada ciudadano del país. Además, podrá hackear equipos y dispositivos, la infraestructura de Internet e incluso pueblos enteros si lo creen necesario.
El Tribunal de Justicia de la UE continúa diciendo que “el objetivo de combatir al crimen es el único capaz de justificar esa interferencia”, y añade que una legislación como la británica “excede los límites de lo que es estrictamente necesario y no puede ser considerada como justa en una sociedad democrática”.
De momento, Reino Unido ya ha dicho que apelará la decisión en el Tribunal de Apelaciones de la UE. La nueva regla dictada este miércoles apunta directamente hacia la Investigatory Powers Bill, aunque no signifique el fin de la misma. Igualmente, la UE no tiene competencias sobre la manera en la que cada país gestiona la seguridad nacional. Además, si finalmente Reino Unido sale de la UE el año que viene, ya no estarían sujetos a las reglas europeas.
En España ya está le Ley de Conservación de Datos
Ya hay quien ha recibido con alegría la noticia, como por ejemplo Jim Killock, director del grupo por los derechos civiles de Reino Unido. Le contaba a The Verge que esto ha sido un “claro mensaje” al gobierno británico de que la vigilancia es “intrusiva e inaceptable en una democracia”.
En España, la Ley de Conservación de Datos también ampara a las operadoras que quieran conservar nuestra información, pero hasta un periodo de 12 meses, aunque ampliables hasta dos años. Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que la policía puedan registrar dispositivos de almacenamiento, de forma física y remota; y bajo mandato judicial pueden instalar spyware para recopilar datos de un usuario sin su consentimiento.
