Tres retos y diez asignaturas pendientes del gobierno valenciano para 2016

Como anunció la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, de Compromís, el Consell que preside el socialista Ximo Puig tiene previsto hacer balance en su primer pleno del año sobre el grado de cumplimiento del Acord del Botànic, que en junio pasado otorgó una hoja de ruta a la nueva mayoría de izquierdas. Oltra ya ha avanzado que una buena parte de las medidas incluidas en aquel pacto, especialmente las referidas al rescate de las personas y la recuperación de derechos sociales, se han cumplido o están encarriladas, mientras que Antonio Montiel, dirigente de Podemos, aspira a que el acuerdo se actualice y renueve lo más pronto posible.

El 24 de mayo de 2015, con las elecciones autonómicas, se inició un cambio de ciclo político que las elecciones generales del 20 de diciembre han confirmado, pese a las incertidumbres por lo complejo del resultado. A falta de despejar la duda sobre la eventual formación de un Gobierno español necesariamente multipartidista o la convocatoria de nuevas elecciones, el Gobierno valenciano, formado por el PSPV-PSOE y Compromís y apoyado parlamentariamente por Podemos, afronta al menos tres grandes retos y se ve emplazado a conseguir avances en una decena de materias durante este año 2016.

Tres retos

Nueva financiación autonómica. La incertidumbre no facilita al Consell un escenario en el que plantear de manera efectiva la reforma imprescindible del modelo de financiación autonómica. La posibilidad de un Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy, que dure unos meses, prolongaría también la provisionalidad en una materia que exige una negociación a fondo de carácter multilateral, ahora más compleja por la mayor diversidad de actores y la ausencia de mayorías claras.

Dar protagonismo en la agenda política a la modificación de un sistema de financiación que perjudica a los valencianos, con una reforma de la Constitución en el tablero, no será tarea fácil. Tampoco será sencillo exigir la compensación de la deuda histórica, es decir, del déficit de financiación acumulado, aunque el debate de la reforma pendiente del Estatut d’Autonomia para aspirar a la media en inversiones estatales, que sigue pendiente en el Congreso dado que no decae de una legislatura a la otra, puede funcionar como caja de resonancia de la reivindicación valenciana.

Corredor Mediterráneo. La construcción del eje ferroviario litoral acumula rectificaciones y retrasos. El Gobierno del PP no lo ha considerado una prioridad, lo ha devaluado para convertir lo que en otros trazados es una línea de AVE en una adaptación de ancho europeo y ha incumplido las fechas anunciadas de entrada en servicio. Calificado en el Acord del Botànic como una “infraestructura estratégica”, poco le cabe hacer al Consell más que seguir “presionando al Gobierno central para el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.

Nueva RTVV. A diferencia de los anteriores, este reto depende enteramente del Consell y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. En los primeros compases de la legislatura, no sin contradicciones, se han puesto las bases para recuperar el servicio de radiotelevisión autonómica que el PP de Alberto Fabra cerró en 2013. Una ley que revierte aquella decisión, aprobada a finales de 2015, prevé que se redacte en el primer semestre de 2016 una norma que permita abrir una nueva Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) este mismo año.

Diez asignaturas pendientes

La gestión sostenible de residuos, con el panorama de caos, corrupción y conflictos heredado de la era del PP, podría considerarse un reto, pero es en realidad una asignatura pendiente que el Gobierno valenciano se ha propuesto resolver durante la legislatura. Tiene que ver con la “transición ecológica” que el Acord del Botànic plantea como aspiración transversal.

Una aspiración similar es la de articular un nuevo modelo productivo basado en la innovación y la reindustrialización, objetivo para el que se conocen por ahora pocas acciones concretas, más allá de la creación de una Agencia Valenciana de la Innovación.

Algo parecido ocurre con la intención de recuperar el sistema financiero valenciano. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en efecto, se convierte en una entidad pública que facilita el acceso al crédito europeo, pero más peliaguda parece la tarea de “incentivar” el modelo de “cajas de ahorros no bancarizadas” y la creación de cooperativas de crédito.

La reversión de las privatizaciones de servicios públicos esenciales es una de las banderas que la izquierda levantó contra el PP, muy especialmente en lo que se refiere a la sanidad. Asumido ya que la recuperación solo se producirá cuando caduquen, gana protagonismo la anunciada ejecución de una auditoría de las concesiones sanitarias que permita aclarar sus costes, hasta ahora camuflados en la confusión.

Un compromiso concreto en el área educativa como fue el de presentar un calendario de eliminación de todos los barracones plantea a la Generalitat la necesidad de planificar inversiones en infraestructuras educativas sin disponer de recursos suficientes. De carácter político más genérico, pero no menos ambiciosa, es la intención de elaborar una ley valenciana de educación “consensuada con la comunidad educativa”.

Genuinamente política es la prevista reforma de la ley electoral valenciana “para hacerla más representativa y proporcional”, una intención en la que los tres partidos del Botànic encuentran cierta coincidencia con Ciudadanos, aunque está por ver cómo se concilian los intereses de los tres partidos del pacto y qué papel acaba jugando un PP que apostó sin éxito la pasada legislatura por un sistema de elección directa de diputados en circunscripciones uninominales, con el que se habría beneficiado a la formación mayoritaria.

La promulgación de una nueva ley de transparencia es otro de los compromisos del Botànic, que el Consell ha situado como objetivo a medio plazo, al optar por desarrollar la aplicación de la norma que el PP dejó aprobada en el último minuto de la anterior legislatura. Un convenio con Transparency International, la constitución del Consejo de la Transparencia y la tramitación de una proposición de ley para crear una agencia valenciana contra el fraude y la corrupción reflejan que, en este ámbito, la actividad de la nueva mayoría es intensa.

Una idea que el Acord del Botànic recogía como una cuestión genérica se ha revelado crucial en los primeros meses del nuevo Gobierno valenciano, la reordenación de la Administración. No es una tarea menor, por ejemplo, recomponer áreas de la Generalitat despobladas de funcionarios a causa de la externalización de servicios, como ocurre en Agricultura con la gestión de las ayudas europeas, o en ciertos servicios de Medio Ambiente, cuyas tareas fueron desviadas a empresas públicas como Vaersa o Tragsa durante la época del PP.

Finalmente, entre los objetivos del Botànic figura la creación de una agencia tributaria propia. Recogida en el Estatut d’Autonomia, su eventual puesta en marcha es una baza en la negociación que tarde o temprano se planteará a escala estatal, con el conflicto independentista en Catalunya como telón de fondo, para reformar el sistema autonómico en clave federal.