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La jueza lleva a la Audiencia Nacional la declaración de la médico que puso en duda la versión oficial del accidente del metro

La médico aseguró haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora en la cabina del vagón siniestrado y no en las vías, donde los ubican policías y dos testigos.

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La presidenta de la Asociación de las Víctimas del Metro de Valencia, Beatriz Garrote en su comparecencia en las Corts

La presidenta de la Asociación de las Víctimas del Metro de Valencia, Beatriz Garrote en su comparecencia en las Corts

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha abierto diligencias por las declaraciones de la médico del SAMU en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre el accidente de Metrovalencia de 2006 en el que murieron 43 personas referidas al hallazgo del cadáver del maquinista.

La médico aseguró haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora en la cabina del vagón siniestrado y no en las vías, donde los ubican policías y dos testigos.

El magistrado, que ha recibido la deducción de testimonio acordada por la titular de Instrucción 21 para que otro juzgado investigara si la médico faltó a la verdad y cometió un delito contra las instituciones del Estado previsto en el Código Penal, ha resuelto inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Físcalía había solicitado la inadmisión de la causa pero el juez no atiende tal petición.

La titular de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el accidente de Metro en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, acordó deducir testimonio contra la doctora del SAMU tras rechazar la solicitud del abogado que representa a 13 víctimas para que declarara como testigo.

Su testimonio, señaló entonces la jueza, nada tiene que ver con el objeto del procedimiento judicial, que se centra en determinar las "hipotéticas responsabilidades penales derivadas de la posible falta de medidas de seguridad exigibles en el sector ferroviario" en que podrían haber incurrido los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con competencias en materia de seguridad.

La jueza considera que "no existe la más mínima duda del lugar donde aparecieron los cadáveres" y que "no estaban en la cabina", "que los cuerpos de ambos trabajadores de FGV salieron despedidos", como "reflejan las lesiones de ambos".

Ambas afirmaciones las fundamenta en los informes elaborados por la Policía y en "la contundencia" del testimonio de dos supervivientes del siniestro quienes en su declaración en el Juzgado aseguraron que no había nadie en la cabina.

Según los planos policiales, el cadáver de la interventora estaba a 65 metros de la cabina de la unidad siniestrada y el del maquinista, a 75.

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