El Ayuntamiento de Castellón se lamenta de no recibir de los bancos “más que buenas palabras” sobre vivienda

La vivienda de gestión pública y la gestión de los desahucios volvió a ser durante el Pleno municipal del jueves en Castellón la causa de un tenso conflicto entre el gobierno local -formado por PSOE y Compromís- y el partido que lo sostiene desde la oposición -Castelló en Moviment. Los ediles de esta formación pidieron la comparecencia de Ali Brancal, vicealcaldesa y responsable de la concejalía de Vivienda, para que respondiera sobre la falta de pisos sociales y las deficiencias en la atención a las víctimas de desahucios.

Brancal acusó a Castelló en Moviment de hacer demagogia con este asunto y aseguró que el problema escapa a la capacidad de acción municipal: “Esperar de este ayuntamiento que acabe con los problemas de la vivienda, como los del paro, como las desigualdades, es algo sólo se puede proponer desde la demagogia. Y da mucha vergüenza”. Brancal explicó que la responsabilidad es “de las políticas que han llevado a rescatar bancos” y pidió “un cambio legislativo estatal” de la Ley Hipotecaria.

“Mucho por hacer”

La vicealcaldesa reconoció que “queda mucho por hacer”. Achacó la lentitud de los avances de su concejalía a varios factores. Entre ellos, la dificultad de negociar con las entidades financieras la cesión de viviendas a precio asequible: “Con los bancos lo hemos intentado todo y no hemos obtenido más que buenas palabras”. Explicó que la negociación ahora se está haciendo “a nivel de País Valencià”.

Brancal también recordó que cuando llegó al poder en 2015 se encontró un parque municipal de 220 viviendas “desatendidas, sin control, con viviendas ocupadas por personas sin autorización”. La rehabilitación y ordenación de estos pisos está siendo la tarea que más tiempo está consumiendo, afirmó, junto a la coordinación entre los diferentes departamentos municipales que tienen competencia en atención a las víctimas de desahucios, como servicios sociales o la oficina municipal de la vivienda.

Ocupación sin control

Paz Beltrán, concejala de Castelló en Moviment, le reprochó que en los dos años de legislatura no se han cumplido los compromisos en la materia recogidos en el Pacto del Grau. No se ha ampliado el parque de viviendas y la lista de espera de familias que necesitan un piso asequible ha subido hasta 150. Además, los desahucios siguen, sobre todo los de inquilinos.

Beltrán reconoció que los ayuntamientos no pueden parar un desahucio ordenado por el juzgado, pero afirmó que sí pueden apoyar a las víctimas “sin faltar a la legalidad”, ya que “la Ley Valenciana de la Función Social de la Vivienda obliga a las entidades bancarias a ofrecer un alquiler social después de un proceso de ejecución hipotecaria”. La concejala recordó, además, que “en materia de vivienda social sí que tienen competencias los ayuntamientos”.

El “círculo de los desahucios”

Beltrán también negó la afirmación de Brancal de que ninguna familia de Castellón duerme en la calle gracias al Ayuntamiento y les acusó de “soluciones improvisadas” sólo cuando los afectados adquieren relevancia en los medios de comunicación. “¿Tienen idea de cuántas viviendas están ocupadas en la ciudad?”, lamentó. Y añadió que “no podemos entender cómo en una ciudad con diez mil viviendas vacías haya tantas familias que tienen que recurrir a la ocupación para tener un techo”.

Por su parte, tanto Ciudadanos como PP acusaron a la alcaldesa, Amparo Marco, de “mentir” cuando al principio de la legislatura anunció que el Consistorio iba a cerrar el círculo de los desahucios.