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CGT pide el despido sin indemnización de los 'enchufados' del PP en Imelsa

El nuevo gobierno provincial quiere prescindir del personal contratado irregularmente por el PP en la empresa pública, foco principal del escándalo del 'Dipugate'

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El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent

La CGT, ante el anuncio realizado por la Diputación de Valencia de proceder al despido del personal contratado de manera irregular a través de la empresa pública Imelsa, exige a los nuevos gestores de la Diputación que reconsidere la solución anunciada, del pago de indemnizaciones millonarias por despido, dado que, como reconoce la propia Diputación, los contratos se realizaron de forma fraudulenta.

En un comunicado, la CGT ha presentado ante la Diputación una solicitud de revisión de oficio por entender que las contrataciones irregulares son nulas, por lo que las consecuencias son bien distintas a los despidos que anuncia la Diputación, que supondrían un desembolso millonario con cargo a los maltrechos y saqueados fondos públicos, lo cual además beneficiaria a quienes accedieron a un empleo público de forma ilegal y fraudulenta.

La Diputación ha realizado un informe concluyente sobre el incumplimiento de las normas de acceso al empleo público donde que este personal fue “enchufado”, por lo que no tiene sentido que personas contratadas irregularmente se sigan beneficiando de una situación irregular y fraudulenta intencionadamente buscada, reconociendo ahora una indemnización por despido. "No existe posible despido si la contratación fue fraudulenta, existe una causa de nulidad de pleno derecho clara, puesto que en la selección de ese personal se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Si se declara la nulidad de los contratos no procedería indemnización alguna", aclara el sindicato.

Depurar responsabilidades

La CGT no se queda sólo en la petición de nulidad sino que exige que se depuren responsabilidades de los gestores que realizaron la contratación fraudulenta, a sabiendas de la manifiesta ilegalidad, responsabilidad que, a su juicio, tendría naturaleza penal. La CGT ya denunció ante la Fiscalía Anticorrupción casos de enchufismo en la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), un organismo dependiente del Consell, lo ha dado lugar a la correspondiente denuncia de la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción ante los indicios de delito.

Las supuestas irregularidades investigadas en el Dipugate, el caso de corrupción que acabó con la carrera política de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, se produjeron en gran parte en Imelsa. 

El sindicato recuerda igualmente que la situación detectada en la Diputación ha sido lo habitual en el sector público empresarial dependiente de cualquier Administración Pública, siendo especialmente preocupante la situación del sector público de la Generalitat, "lo cual va a exigir la adopción de medidas claras y contundentes para frenar la entrada fraudulenta de personal que accedió de forma ilegal, así como evitar indemnizaciones multimillonarias por despidos, cuando lo que procede es la anulación de los contratos ilegales".

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