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Compromís reclama al Gobierno que investigue las condiciones laborales de Deliveroo

La formación presenta una PNL en las Corts valencianas en la que pide a Inspección de Trabajo que investigue a las empresas de comida a domicilio como Deliveroo y Glovo, cuyas prácticas han denunciado sus trabajadores

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Deliveroo esclaviza

Pegatina 'Deliveroo esclaviza' durante una de las huelgas

La diputada de Compromís en las Corts Marian Campello ha presentado una proposición no de ley en la que solicita que sereclame al Gobierno central que investigue, a través de la Inspección de Trabajo, las prácticas laborales de las empresas de economía bajo demanda o 'gig economy', entre las que cita a Deliverro y Glovo.

Según ha explicado en un comunicado, el concepto de "falso autónomo" alude a personas dadas de alta en la Seguridad Social como pequeños empresarios que se autoemplean pero que desarrollan tareas de asalariado para un tercero, que determina su salario, su volumen de trabajo e incluso su horario laboral "sin capacidad de negociación de igual a igual y donde es la propia empresa intermediaria la que elabora la factura del autónomo, que este debe aceptar para poder cobrar".

Ha resaltado que "recientemente se ha puesto sobre la mesa el fenómeno de la gig economy (pequeños encargos) con empresas que operan vía aplicaciones móviles como ejemplo de funcionamiento con falsos autónomos que, poco a poco, se están organizando para reivindicar un cambio legislativo que reconozca sus derechos laborales y el reconocimiento de las tareas que desarrollan como repartidores bajo demanda como trabajo por cuenta ajena y no autónomo".

"Uno de los casos más flagrantes y que más revuelta laboral ha presentado en los últimos tiempos es el protagonizado por plataformas como Glover o la británica Deliveroo", han indicado desde el partido, que han precisado que esta última parte como plataforma de contacto entre "autónomos" que ofrecen un servicio de reparto y empresas que necesitan de este servicio. El número de repartos por hora, el precio a percibir por cada pedido o el cese de la relación laboral no es sensible a negociación, siendo la plataforma intermediaria quien determina estos preceptos.

Según se denuncia desde Compromís la percepción por cada reparto es de unos cuatro euros, la empresa garantiza 2 por hora, aunque al ser un acuerdo verbal no es vinculante y "en muchas ocasiones se incumple". De esos cuatro euros hay que deducir la cuota de autónomo, el coste de la línea móvil y los datos (el teléfono es imprescindible para desarrollar el trabajo) y el desgaste del vehículo (en la mayoría de ocasiones bicicleta), además del combustible si fuera el caso. La plataforma tampoco incluye ningún seguro para los transportistas o 'riders', han agregado.

"Aunque esta nueva economía se muestra novedosa y realmente crea un nuevo espacio en la economía productiva tradicional, vemos cómo desgraciadamente también presenta antiguas prácticas precarias que empobrecen a las clases populares, en especial a las personas más jóvenes", ha agregado Campello.

Por ello, exige al Gobierno "especial atención en las inspecciones a estos negocios, verificar la relación entre la empresa intermediaria y los trabajadores autónomos, así como las sanciones de la empresa sobre el personal autónomo que trabaja para la misma, las libertades de negociación, horarios, servicios y precios de los autónomos que mantienen una relación laboral con estas empresas y el método de facturación entre empresa demandante de servicio, empresa intermediaria y autónomo".

Compromís también insta a investigar sobre las medidas de salud y seguridad laboral que se dan en las empresas de trabajo bajo demanda y prestar, en coordinación con el IVAJ y el SERVEF, un servicio de información, orientación y derechos laborales para luchar contra la precariedad en el trabajo. "También consideramos imprescindible un nuevo marco normativo estatal que regule esta nueva forma de relaciones laborales y determine los derechos de las personas que trabajan para estas empresas", ha concluido la diputada.

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