El Consell desmonta la fundación tomada por enchufados del PP para mejorar la atención a las víctimas del delito
La Generalitat quiere dar un giro radical a la atención a las víctimas de delitos -especialmente, mujeres en situación de vulnerabilidad- con la creación de una nueva red de oficinas que priorice la atención a las personas con un “modelo de asistencia y protección integral”.
La nueva red de oficinas de la Generalitat de asistencia a las víctimas del delito (OAVD) tendrá 21 sedes: Cuatro principales -las tres capitales de provincia y Elche- y otras 17 en los partidos judiciales con mayor carga de trabajo. Con la inversión inicial (1,1 millones de euros) se renovarán algunas sedes, se pagará al personal -su número definitivo está por decidir- y se desplegará un sistema integral -con abogados, pero también psicólogos y asistentes sociales- “que garantice los derechos de las víctimas”.
El nacimiento de la OAVD supondrá la extinción de Favide, la fundación creada por el gobierno del PP en 2004. La oposición denunció repetidamente que esta entidad -de propiedad pública pero gestión privada- era un nido de enchufados. Su primer gerente fue Vicente Betoret, que entonces era secretario provincial del PP. Su sucesora, Eva Amador, había sido diputada nacional del PP en dos legislaturas. Su sueldo llegó a ser mayor que el del presidente de la Generalitat.
El PSOE denunció, además, que se contrató a parientes de cargos del PP en las oficinas de Nules, Segorbe, Vila-real o la sede central de Valencia. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado que la Generalitat intentará incorporar a la nueva red a los abogados de Favide, en muchos casos, profesionales con años de experiencia con las víctimas de delitos.
Bravo ha obviado cualquier critica a Favide para centrarse en la apuesta del Consell: “Rescatar personas” -uno de los lemas del Acord del Botànic, el pacto sobre el que se gestó el actual gobierno de la Generalitat- a través de la nueva red de oficinas. Entre 2004 y 2015, Favide ha atendido a 160.000 víctimas de delitos. La mitad, víctimas de violencia de género. La consellera quiere que estas mujeres -o cualquier otra persona vulnerable- sean atendidas y acompañada por la administración desde el momento en el que interviene la policía hasta en el que lo hacen los servicios sociales pasando por el, casi siempre, tortuoso y repetitivo proceso judicial.
“Hay que evitar el maltrato institucional y la doble victimización” de estas personas, golpeadas primero por la delincuencia y luego por un sistema lento y burocratizado, dice Bravo. Las oficinas prestán un servicio “universal y gratuito” y están normalmente ubicadas en las sedes judiciales. En 2015 se atendió a 20.000 personas. El 50%, víctimas de violencia machista.
