El síndic de Greuges insta al Consell a crear un sistema de atención a las víctimas de violencia de género
El síndic de Greuges presentará la próxima semana un informe especial que analiza en profundidad la eficacia de los recursos desarrollados por la Administración en relación a la atención a las mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género. El estudio unifica toda la información sobre medios humanos y materiales, así como los dispositivos con los cuales cuenta la Comunidad Valenciana actualmente para prevenir y erradicar la violencia de género.
El informe, según los diputados, será incorporado al dictamen de la comisión parlamentaria sobre violencia de género, según ha señalado la diputada de Podemos, Cristina Cabedo.
Para elaborar el informe, según explica un comunicado de la Sindicatura, el defensor del pueblo valenciano solicitó informes a consellerías, diputaciones y ayuntamientos para conocer los recursos dedicados a la lucha contra la violencia de género. Del mismo modo, en el transcurso de la investigación, personal técnico de la institución ha visitado 25 centros de atención a mujeres y se han entrevistado con un total de 150 personas entre responsables, trabajadoras y usuarias de estos espacios.
El objetivo de las entrevistas es saber cómo conviven, cómo trabajan, cómo se sienten con los recursos y servicios que se ofrecen y conocer de primera mano sus necesidades y propuestas de mejora del sistema. El informe, según la Sindicatura, presta especial atención a los menores víctimas de violencia de género y el síndic, José Cholbi, considera necesario extender la orden de protección para la víctima de violencia de género a los hijos e hijas menores que están a su cargo (si no se ha dictado una orden de protección expresa).
Igualmente esta institución insta a que se impulsen cambios legislativos porque, después de dictarse la orden de protección a los menores, “se suspenda automáticamente la patria potestad al progenitor violento con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los menores”. Según ha señalado Cholbi, “es inadmisible que las hijas e hijos de mujeres maltratadas necesiten la autorización del maltratador para recibir atención psicológica o para realizar un cambio de centro escolar o sanitario”.
