Mónica Oltra incorpora a 450 nuevos evaluadores para acabar con la “heredada” lista de espera de dependencia
Objetivo: cero personas en lista de espera en el sistema de dependencia. Es la meta que ha dibujado este martes Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas y que se muestra convencida de alcanzar al final de la legislatura.
Con 450 evaluadores frente a los 18 que existían con el anterior gobierno, el departamento de Oltra ha reducido la “heredada” lista de personas que esperaban a ser evaluadas por los servicios sociales para optar a las ayudas por dependencia de 45.000 a 27.900. Una cifra que, lejos de ser la deseada, supone para la vicepresidenta, que ha hecho balance este martes, una señal de que las cosas van por buen camino. Estos 450 evaluadores son fruto de un cambio de modelo por el que, en lugar de estar acreditados solo los técnicos de una agencia pública, se han incorporado profesionales de los servicios sociales de los municipios formados por la Escuela Valenciana de Estudios de Salud (EVES).
En los dos años de legislatura, la Administración valenciana ha incorporado al sistema de ayudas a 30.425 personas, con una media de 1.400 evaluaciones mensuales. Con el anterior Ejecutivo, según los datos de la vicepresidenta, se realizaban 719 evaluaciones de media. Además, ha destacado Oltra, en dicha legislatura bajó el número de personas atendidas, cuando la tendencia -por factores como el envejecimiento de la población- es a que aumente.
Sin embargo, los servicios de la conselleria de Políticas Inclusivas todavía tienen una “bolsa considerable” de casos que no pueden tramitar porque no localizan a las personas afectadas o hay errores en los expedientes. Estos fallos, aparentemente sencillos como cambios de domicilio o de cuenta bancaria, suponen que la gestión de los trámites no pueda avanzar.
No es la primera vez que desde vicepresidencia y conselleria han señalado el “caos” del anterior sistema de dependencia valenciano, en el que no había documentos homologados y ni siquiera un sistema informático con el que pudieran trabajar las administraciones implicadas. Un modelo que ha provocado notables retrasos -en 2016 se tramitaban expedientes de 2015- y con varios procesos judiciales abiertos por el fallecimiento de los solicitantes de ayudas que jamás obtuvieron respuesta.
Otra piedra a las espaldas de los servicios sociales es la falta de financiación. Según la mal llamada ley de Dependencia, el Gobierno central debe sufragar el 50% de los servicios prestados en esta materia por las comunidades autónomas. A la hora de la verdad, en ninguna comunidad autónoma se alcanza este porcentaje -en torno al 18% de media- y en la valenciana sólo se costea el 14%. El resto, lo aporta la conselleria. Del presupuesto fijado para 2016, la Generalitat ejecutó cerca de 619 millones de euros para las gestiones y ayudas sociales. El Gobierno central solo pagó 80 millones.
