La sociedad civil y las instituciones firman un pacto valenciano por la ciencia
La Comunitat Valenciana tiene un 22% de paro, una administración quebrada e inviable sin mejor financiación autonómica, un tejido empresarial con baja productividad y centrado en sectores de poco valor añadido y, encima, invierte bastante menos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que la media de regiones españolas (un 1% contra un 1,3%).
El Consell Valencià de Cultura (CVC), un órgano asesor de la Generalitat, ya advirtió en un informe del estado comatoso de la ciencia valenciana. Ahora, ha impulsado un pacto entre las instituciones públicas (gobiernos y universidades) y otras privadas (sindicatos y patronal), con un objetivo ambicioso: doblar la inversión en I+D+I hasta el 2% del PIB.
El plan, según una declaración de intenciones, pasa por lanzar planes estratégicos que, a diferencia de ejemplos anteriores, no queden en papel mojado: deberán ejecutarse en tiempo y forma -“con plazos estrictos y de cumplimiento obligatorio”-; y los fondos presupuestados han de llegar a su destino, que pueden ser empresas, universidades u otros centros o grupos de investigación. Una cosa es lo que se presupuesta y otra el dinero que realmente se invierte.
La propuesta del CVC aborda la ciencia con perspectiva amplia, ya que incluye campos como la desigualdad social, el cambio climático, el ahorro y aprovechamiento energético, la eliminación de residuos, el mantenimiento y progreso de las ciudades, la movilidad sostenible o la salud o los avances en agricultura y ecología.
En base a dos ejes, la sociedad del conocimiento y la cultura de la conservación, la inversión en todas esas áreas requiere de “un pacto social que defienda un modelo económico y productivo capaz de competir a nivel internacional y de ofrecer cohesión social”, según el CVC. Su llamada a la acción ha tenido un primer éxito: además de los actores clásicos -políticos, rectores de universidades, sindicalistas o empresarios- la flor y nata de la ciencia valenciana ha acudido a la presentación del pacto.
El químico Avelino Corma, premio Príncipe de Asturias de Investigación, Adela Cortina, catedrática de ética en la Universidad de Valencia; José Luis Rubio, investigador que advirtió contra los efectos del cambio climático, Ángela Nieto, investigadora principal del Instituto de Neurociencias de Alicante, o Carlos Romá-Mateo, doctor en biología e investigador de la Universidad de Valencia, fueron algunos de los científicos que tomaron la palabra en el acto. Romá-Mateo, el más joven, fue tal vez el más aplaudido. Denunció las disfunciones y trabas burocráticas, a veces orwellianas, con las que se encuentra la ciencia en España.
El acto del Pacto Social por la Ciencia fue abierto por Joan Ribó, alcalde de Valencia, que, reconociendo las limitaciones presupuestarias. reivindicó la apuesta por la ciencia. “Con ella habrá metas que no se alcancen, pero es seguro que sin ella” no se hará mucho. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que clausuró el acto, advirtió al inicio de la dificultad de la empresa. “Este es asunto de largo recorrido, no sólo de una legislatura”.
De hecho, con el sector privado muy endeudado y el público al borde del colapso financiero, se antoja difícil doblar la inversión en I+D+I a corto plazo: pasar del 1% al 2% del PIB valenciano son aproximadamente 1.000 millones de euros más. Para Vicente Betoret, presidente del PP provincial, presente en el acto, “todo es papel mojado a no ser que tenga su reflejo en el presupuesto”. Al menos, la intención está ahi. Y Puig, con dosis de realismo, ha asumido un compromiso. La Generalitat hará “las políticas más ambiciosas que pueda” teniendo en cuenta las dificultades de financiación en la Comunitat Valenciana.
