Admitidos los recursos de Sanidad y el Cermi contra la anulación de las ayudas al copago farmacéutico
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por la Conselleria de Sanidad y por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra la anulación del decreto de ayudas para compensar el copago farmacéutico aprobado por la Generalitat en el año 2016.
La abogacía del Estado denunció estas subvenciones al entender que chocaban contra la ley aprobada por el Gobierno central en el año 2012, según la cual se establecían estos recargos a los productos farmecéuticos y ortoprotésicos tanto a pensionistas como a discapacitados.
El TSJCV le dio la razón y anuló los decretos de ayudas del Consell al no quedar claro que los beneficiarios estuvieran en situación de necesitad, aunque no tuvo ningún efecto sobre ellos, puesto que el fallo judicial se produjo el pasado mes de julio y las ayudas de 2016 ya estaban dadas.
Ahora, el Tribunal valenciano ha admitido a trámite el recurso de casación del Cermi y de la Conselleria de Sanidad y ha emplazado a las partes “para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo“.
Al respecto, el presidente del Cermi en la Comunitat, Luis Vaño, ha comentado que están “satisfechos” puesto que no es habitual que prosperen los recursos de casación, “salvo que estén muy justificados y bien argumentados”.
Vaño ha explicado que en su recurso alegaron que “las personas discapacitadas ya llevan implícitas una falta de recursos económicos por su propia discapacidad para acceder a medicamentos para crónicos”.
Por su parte, fuentes de Sanidad han comentado que no tienen constancia de que el Gobierno haya recurrido también el decreto de 2017, cuyas ayudas se están dando con normalidad, y trabaja ya en el del año que viene, cuyas bases pueden incluir algún cambio para afinar más los requisitos económicos, aunque entienden que en las bases queda claro que los beneficiarios son pensionistas y discapacitados con rentas inferiores a 18.000 euros.
La Conselleria ha destacado que desde que entraron en vigor las ayudas en el año 2016, se han beneficiado 1,08 millones de personas en toda la Comunitat Valenciana.
De ellas, 735.825 son pensionistas con rentas bajas, 237.912 son menores asociados a tarjetas sanitarias de progenitores con rentas bajas y 106.387 son personas con diversidad funcional.
El Estado, también contra la sanidad universal
Desde Sanidad han lamentado el interés del Gobierno de España en bloquear las iniciativas desarrolladas por la Generalitat encaminadas a la devolución de los derechos sanitarios arrebatados por los Gobiernos del PP no solo con el recurso para frenar las ayudas frente al copago, sino con el presentado contra la universalidad de la atención sanitaria, avalado por el Tribunal Constitucional en un auto contrario a la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno.
Por ello, la Conselleria insiste en la derogación del Real Decreto 16/2012, la medida a través de la que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo los copagos entre pensionistas o la exclusión sanitaria a migrantes en situación irregular.
