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El TSJ archiva la querella contra cinco consellers del PP por ocultar información

Los jueces consideran que la denegación de informes a Esquerra Unida no es un delito porque la documentación se consiguió tras reclamarla por vía judicial

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Isabel Bonig y María José Catalá en un acto del PP

Isabel Bonig y María José Catalá, en un acto del PP

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha archivado  la querella de Esquerra Unida (EU) contra cinco exconsellers del PP - María José Catalá, José Ciscar, Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano- por ocultar información. EU denunciaba a los altos cargos del PP por denegar acceso a la oposicion a decenas de expedientes, documentos, contratos o informes. 

La fiscalía apreció indicios de delito en la denuncia, presentada por un supuesto delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Un juzgado de instrucción también, por lo que el asunto llego al TSJ, la instancia encargada de investigar a los aforados, diputados u otros cargos públicos que no pueden ser procesados por la justicia ordinaria.

La sala de lo civil y penal del alto tribunal valenciano, en un auto de 24 páginas, ha archivado la denuncia. En resumen, los cinco magistrados de la sala establecen, tras analizar el caso y en base a diversa jurisprudencia, que la comisión del delito denunciado no se ha producido a pesar de que se denegó el acceso a la información demandada por vía político-administrativa.

"Es claro pues que no se ha impedido el derecho de los diputados querellantes a acceder a la documentación", ya "que han tenido varias posibilidades alternativas para acceder a la misma", dice el fallo. Los jueces creen que no hay delito ya que aunque se negó el acceso a la información a los diputados de EU, estos la pudieron conseguir tras acudir a la vía judicial. Pudo haber una mala praxis parlamentaria, pero en ningún caso delito. El TSJ parafrasea al Tribunal Supremo para defender su postura.

“Nada impide, desde luego, a los diputados que hayan visto rechazada, en todo o en su totalidad seguir el camino parlamentario previsto en el artículo 12...pero nada les impide tampoco hacer uso de los otros medios que el ordenamiento jurídico les brinda para defender su derecho fundamental y, en particular, de la tutela judicial”. En definitiva, "lo que los querellantes consideran obstaculización a su derecho" no es delictivo,  a pesar de "la reiteración en las peticiones, denegaciones y resoluciones judiciales" por las que EU pasó para hacerse con información relativa a un ente público como la Generalitat.

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