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Varapalo del Consell al secesionismo lingüístico: les 'Normes del 32' serán BIC

El gobierno progresista valenciano da un giro a la política lingüística del PP protegiendo la normativa que defiende la unidad de la lengua

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El conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y el President de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV)

El conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y el President de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV)

Les 'Normes del 32', también conocidas como 'Normes de Castelló', las normas ortográficas del valenciano por las que se rige la comunidad científica, serán declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Con este gesto la Generalitat Valenciana refuerza el giro de 180º en la política lingüística del PP que trabajaba en favor del secesionismo respecto del catalán.

De este modo la Conselleria de Cultura presenta este viernes en el pleno del Consell la incoación del expediente BIC Inmaterial les Normes de Castelló, una tramitación que ha estado archivada durante 5 años por el anterior gobierno autonómico del PP, y que ahora se reactiva "porque es de justicia, porque son un referente de la normalización de nuestra lengua y de su regularización, y porque este expediente es fruto de un acuerdo con el Ayuntamiento de Castelló que hacía años que estaba guardado en un cajón y que nosotros por fin lo hemos sacado para dignificar nuestra lengua y el que significó esa firma de las Normas de Castelló", ha explicado el conseller Vicent Marzà.

Les Normas de Castelló, también conocidas como Normas del 32, "nacieron del consenso de literatos, gramáticos y lingüistas para afrontar todos los cambios que estaba experimentando la lengua en una sociedad cambiante y, así, garantizar su uso social, administrativo y académico". Actualmente esta es la normativa en la que se basa el trabajo de la AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) como máxima autoridad lingüística en la Comunitat Valenciana.

El vicealcalde de Castelló de la Plana, Enric Nomdedéu (Compromís), recuerda que "ya en 2010 pedí la declaración BIC de las Normas de Castelló, iniciativa que tuvo el apoyo de todos los grupos políticos del consistorio (incluso del gobierno local del PP), de la Universitat Jaume I y de la AVL, pero que nunca fue aprobado por el Consell ni con Francisco Camps ni con Alberto Fabra, "incluso después de ser recomendado por la Diputación de Castelló, que también votó a favor con unanimidad".

Esta declaración de BIC Inmaterial 83 años después de su redacción es un espaldarazo a la unidad lingüística con el catalán con la que trabajan tanto la AVL como las universidades, así su declaración incluye también las instrucciones para protegerlas, a través de las competencias de la Generalitat Valenciana para su normal desarrollo y pervivencia y la conservación de sus valores.

Varapalo al secesionismo y al PP

Esta protección de les Normes del 32 y por tanto de la unidad lingüística, suponen romper con la política desarrollada por el PP desde la Generalitat. Así, sumándose la  derogación de la Ley de Señas de Identidad aprobada en solitario por el PP la cual  vaciaba de autoridad a la AVL para fortalecer a los colectivos que abogan por la secesión lingüística, el nuevo gobierno progresista refuerza el papel estatutario de la Academia y la línea científica de la comunidad filológica internacional.

El apoyo del gobierno del PP a la diferenciación lingüística llegó al paroxismo insinuando que podría reconocerse una oficialidad dual de gramática del valenciano, para así hacer oficial también la gramática que defienden los secesionistas.

Cabe recordar que el PP mantiene su apoyo al secesionismo lingüístico y buena prueba de ellos es la no utilización de les Normes del 32 para diseñar su eslogan electoral en valenciano "Espanya en sério", donde acentúan la palabra "sério" asgurando que se basan en las Normas del Puig del secesionismo.

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