Condenada la empresa de salvamento de Dénia a incorporar a 30 exsocorristas de Cruz Roja o indemnizarlos con 47.000 euros
La concesionaria del servicio de vigilancia y socorrismo en las playas de Dénia, la UTE Salvamar, formada por Eulen y Aunar Group 2009, acaba de recibir un duro varapalo judicial. Los tribunales han resuelto el conflicto que se generó el año pasado cuando esta mercantil se adjudicó el servicio tras quedar descalificada por un incomprensible error la Cruz Roja, que presentó una oferta unos céntimos superior al máximo permitido en la licitación. Aquello suscitó que la ONG despidiera a los socorristas que tenía en plantilla. Ahora, una sentencia obliga a la nueva adjudicataria a incorporarlos a su plantilla en las mismas condiciones que tenían en Cruz Roja o, en caso contrario, indemnizarlos con una cifra que, en conjunto, roza los 47.000 euros. Todo junto abre un panorama incierto respecto al futuro del servicio en las playas dianenses.
Y es que las condiciones laborales que tenían los socorristas de Cruz Roja eran sustancialmente superiores a las que, desde el pasado verano, cuando la UTE se hizo cargo del servicio, aplica Salvamar. La empresa puede recurrir la sentencia y, mientras se resuelve el recurso, lo normal es que pase el próximo verano, que es el último del actual contrato.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm, resuelve la demanda interpuesta contra Cruz Roja y la nueva adjudicataria por 30 de los socorristas despedidos. En el procedimiento, Cruz Roja defendió que se vio obligada a proceder a los despidos una vez que se había quedado sin el servicio municipal de salvamento y socorrismo, y que la legislación obligaba a la nueva adjudicataria a incorporar al servicio mediante subrogación a todos los socorristas que tuvieran en Cruz Roja una antigüedad mínima cinco meses anteriores a la finalización del servicio. En concreto, 40 de los 43 despedidos.
La discusión jurídica radicaba en cuál era el convenio laboral de aplicación para este caso: el de Cruz Roja, el Estatuto de los Trabajadores (como defendía Salvamar) o el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios (como decía Cruz Roja). La jueza resuelve que el caso debía enmarcarse en este último, lo que obliga a la subrogación. Por tanto, afirma la sentencia, Salvamar “ha de subrogarse en las relaciones laborales de los trabajadores de la empresa saliente adscritos a la contrata”.
Además, el fallo señala que “la extinción de la relación laboral de los demandantes que tuvo lugar en fecha 02.06.16, habiéndose negado la nueva adjudicataria del servicio UTE Salvamento y Socorrismo Playas Dénia a subrogarse en las relaciones laborales de los demandantes, ha de considerarse un despido del que debe responder la citada mercantil, y dadas las características del mismo procede calificarlo como improcedente”. Es decir, que Salvamar tendrá que elegir entre incorporar al servicio a los 30 socorristas demandantes, o abonarles la indemnización por el despido de Cruz Roja. En total, la cifra asciende a 46.694,41 euros.
El concejal de Playas, el socialista Óscar Mengual, ya ha avanzado que la próxima licitación sí que incluirá la necesidad de que la nueva entidad que asuma el servicio incorpore la plantilla anterior. Visto lo visto, eso habría ahorrado el problema laboral que se generó el pasado año.
