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UTE Alicante plantea contratar a personas en riesgo de exclusión y víctimas de violencia machista

Confluencia de Alfonso el Sabio y Jaume II, en el centro de Alicante

Rubén Peñalba

Alicante —

El ayuntamiento de Alicante valora “positivamente” la propuesta de UTE Alicante –adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos--, de aplicar de cara a las vacantes de verano criterios objetivos como haber sido contratado con anterioridad, la antigüedad de los contratos a tiempo parcial, así como la formación y la capacidad de los trabajadores. Asimismo, también se destaca la propuesta para dejar una reserva de plazas para personas en riesgo social.

La decisión de la UTE responde a la exigencia de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Víctor Domínguez, ante las informaciones desveladas por eldiario.es sobre la forma de proceder de Enrique Ortiz, en la anterior contrata.

En la reunión que se ha celebrado este jueves entre Ayuntamiento y UTE, encabezada por el actual gerente Manuel Docampo, se ha planteado sin embargo un cambio en el proceso de contratación.

De hecho, Medio Ambiente ha avanzado que la adjudicataria propone destinar un porcentaje de las plazas a personas de especial vulnerabilidad: parados de larga duración, víctimas de violencia de género y personas en exclusión social.

Por su parte, desde el Comité de Empresa harán llegar a Docampo una lista de entre 15 y 20 trabajadores, a los que no se les llamaba pese a llevar trabajado más de 15 años en la empresa, lo que suponía a su juicio, “fraude de ley” al obviar su condición de fijos discontinuos.

De la misma manera, UTE Alicante ha aceptado que, del 1 de junio al 31 de septiembre, se adelante el horario de algunos servicios que, por las altas temperaturas resultan muy penosos para el trabajador. Este es el caso del refuerzo del centro de la ciudad que se realiza desde la media noche y hasta las 18.00 horas y que se reorganizará para evitar las horas de máximo calor.  

Domínguez destaca que, “se trabaja ya para la puesta en marcha de una auditoría de servicios, para comprobar el grado de cumplimiento del pliego de condiciones de los servicios que se están prestando, de cara a optimizar el servicio”. Víctor Domínguez incide, a raíz de la publicación de las prácticas de “enchufismo” llevadas a cabo por el empresario Enrique Ortiz, en connivencia con el gobierno de Sonia Castedo, “que se han acabado décadas de desmanes en la prestación de este servicio”.

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