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Absueltos Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios de delito fiscal, falsedad y estafa

Se enfrentaban a peticiones de penas de prisión de cuatro años y medio y a una indemnización de más de seis millones de euros

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Un empresario pide perdón por financiar ilegalmente al PP: "Fue un error"

El empresario alicantino Enrique Ortiz EFE

El juzgado de lo Penal número 1 de Alicante ha absuelto a Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios (se trata del presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, así como Miguel Carratalá, Miguel Ballester y Vicente Pérez) de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil por los que han sido juzgados. También estaba imputado inicialmente Aurelio González Villarejo, cuya causa fue sobreseída por enfermedad degenerativa.

La magistrada tampoco les considera culpables del delito de estafa por otorgamiento de contrato simulado por el que les acusaba de manera alternativa la Fiscalía. El juicio arrancó el pasado mes de junio. El fiscal solicitaba cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los acusados a quienes reclamaba, además, una indemnización de más de seis millones de euros para Hacienda.

Durante el juicio, Ortiz negó la cooperación con Hansa Urbana para la comisión de un presunto fraude fiscal de más de seis millones de euros y alegó que esa empresa era su "competencia". Además, defendió que siempre cumplieron con la fiscalidad. Los acusasdos se declararon inocentes.

La acusación

Los hechos juzgados se remontan a 2005, un ejercicio en el que la Agencia Tributaria denunció un supuesto fraude fiscal de más de seis millones de euros. Según la fiscalía de Alicante, Ortiz y Carratalá se confabularon con los citados empresarios para defraudar a Hacienda. Finalmente, los cinco empresarios han sido absueltos de las acusaciones.

Financión irregular del PP

Enrique Ortiz, quien ha reconocido la financiación irregular del PP valenciano a través de pagos ficticios a Orange Market (la marca valenciana de Gürtel), abonó el pasado mes de abril 8,8 millones de euros a Hacienda que le reclamaba la propia Agencia Tributaria.

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