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Alfonso Grau: de testigo a imputado, después exonerado y finalmente acusado

Grau fue la mano derecha de Rita Barberá en las negociaciones con Iñaki Urdangarín para la organización de los Valencia Summit

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El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, no dimite porque no se ve imputado

El ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau

El vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCV), Alfonso Grau, ha pasado de ser un testigo en el caso Nóos en el año 2012, a alcanzar la figura de imputado dos años después, a ser exonerado, y más tarde reimputado y acusado, a un paso de sentarse en el banquillo por las tres ediciones de los Valencia Summit de los años 2004, 2005 y 2006, por cuya organización el Instituto Nóos, presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Grau irá a juicio por este procedimiento sin su acta de concejal en el consistorio valenciano ya que  este mismo lunes ha anunciado que se va del Ayuntamiento y ha atribuido su situación a una "cacería electotal" a la que le ha sometido el PSPV, que está personado en la causa, al tiempo que ha defendido que no es "culpable de nada" porque "nada he firmado" ni "contratado" con Nóos. La oposición había pedido en numerosas ocasiones la dimisión del vicealcalde aludiendo a la 'línea roja' del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra.

El primer contacto de Grau en el caso Nóos fue como testigo, cuando fue citado en mayo de 2012 en los juzgados de Valencia, hasta donde se trasladó el juez instructor, para ser interrogado junto a otros compañeros por la organización y el contrato de los Valencia Summit, firmado entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y el Instituto Nóos.

En ese primer momento, Grau justificó los contratos por ser "razonables" y con un precio "ajustado", al tiempo que señaló que las cuentas de la fundación valenciana estaban "auditadas, fiscalizadas y depositadas en el registro de fundaciones de la Generalitat", y que se trataba de una entidad de derecho privado, sometida a un régimen distinto al de la Administración pública, aspecto del que discrepa la Audiencia de Baleares.

Transcurridos dos años de esta declaración, el juez José Castro  decidió imputar a Grau tras solicitarlo el PSPV y apoyarle la Fiscalía, al entender que existían "indicios fundados de criminalidad". Y le tomó declaración en esta condición en mayo de 2014, pero esta vez en los juzgados de Palma.

En este segundo interrogatorio, el edil declaró que el precio de los Valencia Summit vino dado desde Cacsa -perteneciente a la Generalitat valenciana-, previa determinación por parte del Instituto Nóos.

Así mismo, insistió en el carácter privado de la FTVCB, por lo que negó que desde el consistorio valenciano hubiera podido producirse un desvío de fondos a la organización de los eventos. Esta afirmación contrasta con las conclusiones arrojadas en sendos informes por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, en los que determinan que la fundación pertenece al sector público, integrada en concreto en el Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, sometida a las normas de contratación pública.

En este mismo interrogatorio, Grau recordó que fue el ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón quien le comunicó que se había reunido con el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y con el entonces director general de Cacsa, José Manuel Aguilar, de cara a negociar la celebración de los Summit, y quien le dijo que le enviaría un dossier con las condiciones para la organización de estos eventos.

Primer archivo

Un par de meses más tarde, el juez puso fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones y archivó la imputación de Grau, mientras que mantuvo como imputados a Lobón y a tres ex altos cargos de Cacsa: Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado.

En el caso del vicealcalde, el magistrado llegó a un resultado "exculpatorio", aunque no porque participe del criterio de que la fundación que presidía tuviera una naturaleza jurídica privada que la hiciera no tener que someterse a la Ley de Contratos, sino porque no advirtió de que Grau hubiera desplegado una actividad maliciosa tendente a torcer la recta aplicación de la ley.

Tras conocerse esta noticia, Grau compareció en una rueda de prensa y destacó que "en ningún caso" y "en ningún momento" el Ayuntamiento ha estado implicado en el caso Nóos, y subrayó que al grupo socialista -personado como acusación popular- "le honraría pedir disculpas".

Al banquillo de nuevo

Esta desimputación de Grau fue  recurrida posteriormente por el PSPV ante la Audiencia de Baleares, quien estimó esta petición y decidió sentarle en el banquillo de los acusados.

Este tribunal adoptó esta decisión al considerar que si bien no fue él en persona el que suscribió el convenio, "su descarte resulta imposible, tanto por el compromiso económico del Ayuntamiento, como porque para llevar a cabo el proyecto era necesario la participación del consistorio, y éste estaba ya comprometido desde el momento que Barberá remite a Urdangarin y a su exsocio, Diego Torres, a la fundación y a Cacsa, y luego el entonces secretario de eventos pide a Grau que se sume al proyecto".

Con esta reimputación, el vicealcalde ofreció una rueda de prensa que fue bastante polémica y tensa, en la que llegó a responder, preguntado por un periodista por el motivo de la convocatoria si consideraba que no estaba imputado en el caso Nóos: "Porque me da la gana". Al recibir distintas críticas por esta actitud y comentarios, a los dos días pidió disculpas.

Tras este paso, Grau solicitó al juez la declaración de diferentes patronos como testigos, a lo que éste accedió. Después de las testificales, Castro excluyó de nuevo al alto cargo del PP de entre los acusados que se iban a sentar en el banquillo por este procedimiento.

El PSPV volvió a recurrir esta decisión, y finalmente la Audiencia de Baleares decidió el pasado 2 de marzo enviar a juicio al vicealcalde de Valencia. El tribunal considera a Grau autor de presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial.

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