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La corrupción en el PP valenciano, de la A a la Z

El exconseller Rafael Blasco fue condenado por el caso Cooperación

Miguel Giménez

VALENCIA —

Múltiples son los nombres vinculados al PP valenciano que se han visto implicados, en uno u otro momento, en diversas causas relacionadas con temas de corrupción en la Comunitat, hasta 127 encausados en diversas investigaciones, que van desde Gürtel a Brugal, pasando por Nóos, el saqueo de Emarsa o el desastre económico de Radio Televisión Valenciana, entre otros. Aquí enumeramos algunos ejemplos -no son todos ni serán los últimos-:

Álvaro Pérez (El Bigotes): El presunto responsable de la trama Gürtel en Valencia a través de la empresa Orange Market, a la que la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) relaciona con la financiación ilegal del Partido Popular valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. Al parecer, Pérez decidió probar en el 'caladero' valenciano en 2004, después de tener algunos desencuentros con Génova a cuenta de las deudas que tenía pendientes el PP con él.

Rafael Blasco: El que fuera conseller de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra, al igual que lo fue de Joan Lerma cuando Blasco era socialista, fue condenado el pasado mes de mayo a 8 años de prisión por desviar fondos de Cooperación Internacional para intereses privados -todavía están pendientes de ser juzgadas algunas piezas del caso-. Blasco, responsable del robo del dinero de los “negratas”, como él mismo se refería a quienes debían beneficiarse de estas ayudas, simboliza para la oposición “el PP de todos estos años”.

Francisco Camps: El que fuera Molt Honorable se ha visto salpicado en diversos asuntos sin que ninguno haya llegado a salir adelante. El expresident de la Generalitat fue juzgado y declarado 'no culpable' por la causa de 'los trajes' y ha tenido que declarar por el caso Nóos y la contratación al instituto que presidía Iñaki Urdangarin de la Valencia Summit. El presidente del 'Esperpento' protagonizó un episodio lamentable en su primera citación a declarar por Nóos, cuando el juez no le localizó pese a que Camps estaba “en su casa”. Casi todos los escándalos relacionados con la corrupción que se han conocido se iniciaron bajo su mandato.

Diputados: Hasta 11 diputados autonómicos del PP han estado imputados en alguna causa, de los que cinco se mantienen en su escaño. Pedro Hernández Mateo, que renunció a su acta; el condenado en el caso Cooperación Rafael Blasco; la exconsellera Alicia de Miguel, imputada por contrataciones con Orange Market que renunció hace un año a Les Corts por motivos “estrictamente personales”; Angélica Such y Milagrosa Martínez, imputadas por su gestión al frente de Turismo que también renunciaron, aunque una mucho antes que la otra; Luis Díaz Alperi, imputado por Brugal e irregularidades en el Plan General de Alicante, el último en renunciar; la polémica alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en Brugal; Vicente Rambla, que abandonó Les Corts a principios de julio para dedicarse a su actividad profesional; David Serra; Ricardo Costa, como Camps, juzgado por el caso de 'los trajes'; y Yolanda García.

Emarsa: La depuradora valenciana de Pinedo donde se saquearon 24 millones de euros y por lo que se imputó a 25 personas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales. Entre los encausados se encuentra el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la diputación de Valencia, Enrique Crespo, para quien el juez pide 14 años de prisión. Precisamente, el magistrado buscaba en Hong Kong el dinero desfalcado en un escándalo en el que hubo regalos de lujo, hoteles, banquetes, viajes injustificados, 'traductoras' rumanas e incluso 100 décimos premiados en la Lotería Nacional.

Carlos Fabra: Fue presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón. Pese a los escándalos que se han relacionado con su gestión, Carlos Fabra fue condenado a cuatro años de prisión -condena ratificada por el Tribunal Supremo- por delitos fiscales por el conocido caso Naranjax -ha sido citado el 3 de septiembre para comunicarle el ingreso en prisión. Hace unos días, algunos militantes del PP de Castellón afines a Fabra iniciaron una campaña de recogida de firmas para solicitar el indulto del exbarón provincial popular. Carlos Fabra también se hizo famoso por el (todavía) aeropuerto sin aviones de Castellón.

Gürtel: La trama corrupta por excelencia relacionada con el Partido Popular en toda España. El nombre de la operación se debe al apellido del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa ('Gürtel' en alemán). Las empresas relacionadas con el grupo Correa se han beneficiado de numerosas adjudicaciones en administraciones públicas valencianas en manos del Partido Popular, situación que está investigando el juez José Ceres en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Diferentes consellerias implicadas (Sanidad, Bienestar Social, Turismo, Deporte...) y numerosos altos cargos son los investigados. Además, las sociedades de Gürtel también se beneficiaron de las adjudicaciones con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia y está relacionada con la presunta financiación irregular del Partido Popular así como en la organización de diversos actos del PP valenciano, como el congreso que sirvió para elegir como presidente a Francisco Camps.

Hernández Mateo: El exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo ingresaba en prisión el pasado 30 de julio convirtiéndose en el primer cargo popular valenciano en entrar en la cárcel tras ser condenado a 3 años de reclusión por los delitos de falsedad documental y prevaricación por el proceso de adjudicación del servicio de recogida de residuos en su etapa como primer edil de la localidad alicantina. Hernández Mateo también fue noticia por una campaña de recogida de firmas para pedir su indulto que fue suscrita por la mayoría del grupo popular en Les Corts.

Imputados: Tras la imputación de Lola Johnson y otros cuatro exdirectivos de Radio Televisión Valenciana por el agujero de 1.300 millones de euros en el ente público autonómico -que ya han prestado declaración en un juzgado de Paterna-, son cerca de 130 los imputados en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Entre ellos, un expresident de la Generalitat (Francisco Camps), la expresidenta de Les Corts (Milagrosa Martínez), cuatro exvicepresidentes del Consell y hasta diez exconsellers, además de diputados autonómicos y provinciales, alcaldes y cargos orgánicos... y probablemente no serán los últimos.

Juan Cotino: El controvertido presidente de Les Corts y exconseller del gobierno valenciano es, en palabras de la coordinadora de Esquerra Unida, “el perejil en todas las salsas”. Si bien es cierto que no está imputado en ninguna causa, la aparición de su nombre relacionado con diversos casos turbios: la financiación ilegal del PP; el saqueo de Emarsa; las adjudicaciones a las residencias de su familia; presuntos tratos de favor en contrataciones; y sobre todo, Gürtel y la visita del Papa a Valencia, en la que según la Udef fue “elemento nuclear”, ha hecho que la oposición haya pedido reiteradamente su dimisión o cese y que el president Fabra le haya tenido que recordar que tendrá que dejar el cargo si es imputado. Y además, su labor como presidente del parlamento valenciano, con polémicas como la expulsión de la diputada de Compromís Mònica Oltra.

BanKia: Bankia o Bancaja, el Banco de Valencia y la CAM, el símbolo de la debacle del sistema financiero valenciano. Numerosos exdirectivos de las cajas valencianas, responsables de la desaparición de las entidades financieras valencianas de referencia, han sido imputados por innumerables irregularidades de todo tipo. Las cúpulas del Banco de Valencia, con el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas a la cabeza, o Domingo Parra por falsedad contable, estafa, administración desleal o apropiación indebida, y de la CAM, para cuyos dirigentes se piden penas de prisión después de protagonizar un millonario rescate, han pasado o van a desfilar por los juzgados en calidad de imputados.

'Línea roja' contra la corrupción: Si hay algo que hay que reconocerle al president Fabra es su lucha por limpiar la imagen de un Partido Popular continuamente salpicado por escándalos de corrupción que hacen que las expectativas del PP de mantener la Generalitat sean, a día de hoy, muy reducidas, como marcaron los resultados de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo. Precisamente, el jefe del Consell afirmó en la última entrevista que concedió a Canal 9 que su 'línea roja' contra la corrupción era clara y que no habrá imputados en las candidaturas del PP en 2015. Y ha ido más allá al afirmar reiteradamente que nadie que se siente en un banquillo puede ocupar un cargo en las instituciones que dependen de él, aunque no puede aplicar esta misma doctrina con los alcaldes que, salvo excepciones, son reacios a abandonar sus alcaldías. No obstante, no todos en el PP están de acuerdo con esta 'línea roja' contra la corrupción, como es el caso del presidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, quien ha mostrado una opinión diferente a la del president en más de una ocasión.

Eusebio Monzó: El Consell destituía el pasado 18 de julio al número dos de Hacienda tras ser imputado por supuestas irregularidades en la contratación del polémico arquitecto valenciano Santiago Calatrava para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, un proyecto que no se construyó pero por el que Calatrava cobró 2,7 millones de euros. El arquitecto valenciano tendrá que que declarar como imputado en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón el próximo 2 de septiembre.

Niurka Montalvo: La que fuera secretaria autonómica de Deportes. Inicialmente se le achacaron las contrataciones del Open de Tenis de 2007, que finalmente recayeron sobre David Serra, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008 a empresas del entramado de Gürtel. Finalmente, la imputación fue sobreseida.

Lotería del NiÑo: Los premios de la Lotería Nacional (la del Niño o la de Navidad principalmente) es uno de los recursos presuntamente utilizados para blanquear dinero. Si el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, fue procesado por ocultar 12,3 millones de euros ganados en la Lotería para evitar que le fueran embargados, más conocida es la suerte del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a quien la suerte le benefició hasta en siete ocasiones entre los años 2000 y 2011.

Orihuela: Esta localidad alicantina concentra cerca de un tercio de las investigaciones abiertas por corrupción en la Comunitat Valenciana. Cuatro de sus siete alcaldes desde 1997 han sido condenados o imputados por delitos de esta naturaleza. Actualmente, la alcaldía la ocupa un concejal de Els Verds con el apoyo del PSPV, y el PP intentó presentar una moción de censura que no salió adelante. El pasado mes de julio, el juez imputaba a los nueve miembros del equipo de gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura por un presunto delito de prevaricación en el pago irregular de diversas facturas a empresas de Ángel Fenoll, el empresario clave de la trama Brugal condenado a 35 años de prisión.

Pedro García: El que fuera hombre de confianza de Francisco Camps, que le nombró director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), fue imputado por el juez Pablo Ruz por cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal. Responsable de que el ente público valenciano contratase con Teconsa (empresa del entramado Gürtel) la instalación de las pantallas y el sistema de sonido con motivo de la visita del Papa a Valencia por 7,4 millones de euros. Además, según un informe de la Udef, García llegó a poseer el 20% de la propiedad de Orange Market, la filial de la trama de Correa en Valencia.

EnriQue Ortiz: El empresario amigo de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante -a quien le pidió que le “pintara de azul” unas parcelas- y Díaz Alperi al que señalan todas las grabaciones de Rabassa, que presume de ser el “amigo mafioso” de los representantes de Ikea que negociaron la instalación de la multinacional sueca en la capital alicantina. “La polla insaciable”, como él mismo se califica en las conversaciones de Brugal, está imputado por falsedad documental, fraude, cohecho o tráfico de influencias, y se ha beneficiado de numerosas adjudicaciones en el Ayuntamiento de Alicante y algunos otros municipios de la provincia.

Rabassa: Las escuchas policiales que se han hecho públicas en las últimas semanas, principalmente a través del diario El Mundo, sobre diferentes conversaciones entre empresarios como Enrique Ortiz o Vicente Cotino y políticos como el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, o la actual primera edil, Sonia Castedo, que han sacado las vergüenzas del PP valenciano. En ellas, se habla de urbanismo, de presunto tráfico de influencias, de regalos a representantes públicos, de la instalación de Ikea en Alicante, de adjudicaciones...

Sonia Castedo: La alcaldesa de Alicante, que en una reciente entrevista ha asegurado sentirse “condenada” por los medios, está en el ojo del huracán desde hace años por sus relaciones con Brugal y con el empresario Enrique Ortiz (incluso se le relacionó con Gürtel), además de por las irregularidades urbanísticas en Alicante o por dejar al Ayuntamiento al borde de la quiebra. La primera edil alicantina, que incluso ha dejado caer la posibilidad de formar un nuevo partido político, abandonó su escaño de diputada en Les Corts hace unos meses, lo que provocará que se dilate la investigación que se está desarrollando y en la que está imputada.

Tierra de Saqueo: Título del libro de Sergio Castillo sobre la corrupción valenciana, una obra cuya presentación en la localidad de Torrevieja intentó boicotear el PP de la localidad. A juicio de Castillo, en el caso Gürtel habrá más testimonios que apunten hacia la figura de Francisco Camps. El periodista valenciano recoge en su obra a más de 100 imputados del Partido Popular en la Comunitat por delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, delito electoral e incluso abuso sexual.

Urdangarín: El cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, puso en marcha junto a su socio, Diego Torres, el Instituto Nóos, cuyas actividades están siendo investigadas en los juzgados de Palma por el juez José Castro por presuntas irregularidades. Como la mayoría de los casos relacionados con tramas de corrupción, éste también tiene una deriva valenciana. En este caso, por la celebración en la capital del Turia de la Valencia Summit. Cuatro exaltos cargos del Consell han sido imputados en esta causa: Luis Lobón, exsecretario autonómico de Finanzas; Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas; José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia; y Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, fue desimputado en la causa, aunque llegó a declarar como imputado, mientras que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, declararon como testigos.

Vicente Sanz: Fue presidente provincial del PP en Valencia y en la grabación de una conversación en la que se hablaba de una supuesta 'mordida' por la adjudicación de contratos en Benidorm, cuando Eduardo Zaplana era el alcalde, se le atribuye la conocida frase “estoy en política para forrarme”, lo que provocó su dimisión. Posteriormente fue el directivo de RTVV a quien tres periodistas de Canal 9 denunciaron por acoso sexual en el trabajo al aprovecharse de su cargo para solicitar favores de naturaleza sexual a estas tres trabajadoras entre los años 2007 y 2010.

Whisky: Si bien no se puede hablar de una trama de corrupción, lo cierto es que la 'lista de la compra' de Presidencia, con ñoras o bebidas alcohólicas -como el whisky-, generó mucha polémica e incluso una investigación en el Palau de la Generalitat para intentar descubrir al responsable de las filtraciones de los gastos de Presidencia. El 'topo' se encargó de filtrar los gastos de la mujer de confianza del president Fabra, Esther Pastor, sacando a la luz desde los gastos de la polémica lista de la compra hasta las facturas de noches de hotel, pasando por contrataciones como la del 'coach' del jefe del Consell o la asignación de un cocinero a un puesto de confianza como asesor, todo ello con cargo a fondos públicos.

EXtesorero: Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular ingresado en prisión. Bárcenas afirmó ante el juez Pablo Ruz que el PP tenía 'caja b' en “todas las provincias y regiones”, además de confirmar los 'papeles de Bárcenas' que Juan Cotino, a través de Sedesa, aportó 200.000 euros a la financiación del PP el 11 de marzo de 2004, unas acusaciones que el presidente de Les Corts no dudó en atribuir a una “venganza política” por una discusión con el extesorero. Además, Luis Bárcenas, en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la supuesta financiación ilegal del PP, responsabilizó a la dirección de Camps de la contratación con las empresas de Gürtel.

AYuntamientos: Si hay un ámbito en el que el president de la Generalitat y líder del PP ha demostrado no tener control, en cuanto a la continuidad o no de los imputados en sus cargos, ése es el municipal. Numerosos son los alcaldes populares imputados en diferentes causas que se resisten a abandonar sus cargos -hace apenas unos días, el primer edil de Paterna, Lorenzo Agustí, imputado por presunta prevaricación administrativa, abandonaba por sorpresa su cargo-. Entre esos alcaldes que están o han estado imputados se encuentran: Ernesto Sanjuán (Cullera); Óscar Clavell (Vall d'Uixó); Sonia Castedo (Alicante); Milagrosa Martínez (Novelda); Alfonso Bataller (Castellón); Hernández Mateo (Torrevieja)... El problema, son los dueños de sus actas.

Eduardo Zaplana: Fue el primer president de la Generalitat Valenciana del Partido Popular. Dio el salto de la alcaldía de Benidorm a la presidencia del Consell y de ahí al Gobierno de José María Aznar. El exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, responsabilizó a Zaplana de su situación judicial y de introducir a Álvaro Pérez 'El Bigotes' en la Comunitat Valenciana, recordando que éste era “amigo de Correa y del yerno de Aznar”, lo que provocó que el exjefe del Consell anunciara que iba a emprender acciones legales contra Alperi. Zaplana también ha cargado contra su sucesor, Francisco Camps, -con quien mantuvo una intensa batalla por controlar el PP valenciano-, llegando a denunciar la “herecia endiablada” que dejó en la Generalitat a su marcha.

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