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El vicealcalde de Valencia pide conocer los hechos que se le imputan

Alfonso Grau alega que el juez Castro no le ha comunicado si está imputado o no, lo que le permitiría solicitar nuevas diligencias

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El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha recurrido la providencia con la que el juez José Castro dio diez días para que sean presentados los escritos de acusación en el marco del caso Nóos, al alegar que, por parte del juez instructor, no se le ha comunicado si vuelve o no a estar  imputado en esta causa, lo que le permitiría poder proponer nuevas pruebas o solicitar nuevas diligencias en caso de sí estarlo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, Grau ha interpuesto recurso de reforma contra la providencia dictada el pasado lunes por Castro, quien daba un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones para que presenten su escrito de calificación provisional. En él determinarán definitivamente a quiénes acusan de los veinte imputados que la Audiencia Provincial de Baleares fijó hace una semana -entre quienes se encuentra el propio Grau-, y qué penas solicitan para ellos.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de junio Castro archivó la causa para el vicealcalde así como para otros numerosos imputados, si bien el pasado viernes la Audiencia acordó reabrir las investigaciones para el alto cargo de Valencia tras estimar el recurso que interpusieron los concejales del PSPV del Ayuntamiento. Grau defiende, sin embargo, que es el propio juez instructor quien debe decidir sobre esta cuestión, y no la Audiencia.

El tribunal de la Sección Segunda aceptó los argumentos expuestos por los regidores socialistas al incidir en el papel que habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Se trata de unas contrataciones en el marco de las cuales, según la Audiencia, se orilló el interés general, se prescindieron de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.

Unas pautas que eran obligadas, añadía la Audiencia, al recalcar que los fondos que manejaba la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), entidad que junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y  Nóos plasmó su firma en el convenio de 2004 y en las dos addendas posteriores, y de cuyo Consejo Rector era miembro Grau, eran de naturaleza pública.

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