No diga copago, diga.....

La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, asegura que ha habido “fallos” en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que, opina, no va contra el Estado del bienestar “sino todo lo contrario”.

“No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos”, ha asegurado en una entrevista con Efe Sánchez Zaplana, quien ha subrayado que el Consell “garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos”.

En opinión de la consellera, el copago que deben afrontar las personas atendidas en residencias, centros de día o centros ocupacionales, “contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social”. La culpa, además, es de Zapatero: H recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaba el PSOE comandado por el político de León.

“Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo”, afirma la consellera, quien ha reconocido que ha habido muchas personas “que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema”.

La consellera de Bienestar Social ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. “No podíamos hacerlo de otra forma”.

Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no.

“El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías”, ha señalado la consellera, quien ha recordado que estamos “dentro de un marco legal”.

En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y “por eso nuestra situación era más complicada”.

No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana.

Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales).

“A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados”, ha explicado.

Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes “va a cerrar” porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014.