Un directivo implicado en la manipulación del accidente de metro denuncia a FGV por discriminación
Noé Gutiérrez, uno de los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) implicado en la contratación de una consultora de comunicación que aleccionaba a los trabajadores sobre cómo hablar del accidente de metro de 2008 en Valencia, ha demandado a la empresa por discriminación.
Gutiérrez fue degradado en septiembre. Entonces, el nuevo gerente de FGV, Ángel García de la Bandera, cambió a varios de los cargos de confianza de la compañía. El exjefe de los servicios jurídicos de FGV, con un sueldo de 74.000 euros al año, fue relegado a técnico de departamento. Su nuevo puesto comportaba una rebaja de categoría –de nivel salarial 18 a 12- y por tanto de sueldo.
Gutiérrez denunció “vulneración de los derechos fundamentales del artículo 14 de la Constitución Española por trato discriminatorio”. Califica de “humillante” su nuevo cometido, achaca la decisión a los “cambios políticos” –el PP ya no gobierna tras 20 años en la Generalitat-, recuerda sus 30 años de servicio a la empresa, lamenta la “importante rebaja salarial que se le impone” y tacha de ilegal su nuevo cometido en FGV por varios defectos de fondo y forma. Además, aporta un informe psicológico que le diagnostica “trastorno de ansiedad”.
El tribunal desestima la revocación de la degradación de Gutiérrez por discriminación política. Entiende que ésta no ha sido probada “ya que una mera rebaja de salario no puede considerarse indicio bastante” de “vulneración de un derecho fundamental”. El fallo también considera lícito que la dirección jurídica de FGV, un cargo de confianza, esté sujeta a cambios, por lo que se da por bueno el nuevo cometido de Gutiérrez..
La rebaja salarial, por el contrario, si queda anulada. Gutiérrez seguirá percibiendo 74.000 euros al año. Un poco más que su mujer (67.000), contratada por el gabinete jurídico de FGV, sin oposición ni concurso, tras varios años trabajando como asesora externa de la empresa pública. Francesc Signes, diputado socialista en 2013, citó ese asunto en el parlamento valenciano coincidiendo con el ERE en FGV. Para Signes, la contratación de Rosa Gutiérrez pudo ser un caso de “tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento público”. De hecho, según el demandante, el gerente de FGV le citó el asunto de su esposa para justificar su destitución.
En cualquier caso, la magistrada del Juzgado de lo Social número 11 de Valencia entiende que FGV no explicó las razones del cambio sufrido por Gutiérrez. Éste y los otros ocho empleados afectados por los cambios recibieron una carta modelo donde se aludía a “razones económicas, técnicas, organizativas y de producción……”, sin concretar, como marca la ley, “las razones/hechos por los que la empresa adopta la decisión empresarial”.
Pieza clave en la gestión del accidente
Gutiérrez fue una pieza clave de FGV en la gestión del accidente que causó 43 muertos y 47 heridos en Valencia en 2008. Como responsable jurídico, fue criticado por las víctimas por la gestión de las indemnizaciones. Y, como miembro de la dirección de la empresa, fue uno de los cargos que autorizó la contratación de la consultora de comunicación que aleccionaba a los trabajadores sobre cómo hablar del accidente de metro de 2008 en Valencia para minimizar el desgaste informativo de la empresa y, por extensión, del PP, en ese momento en el poder.
Gutiérrez fue ascendido desde la asesoría jurídica a director adjunto de gestión 15 meses después del accidente de metro. Lleva en la empresa desde 1985.
