La empresa pública de Gandia adeuda más de 200.000 euros por la seguridad social de sus trabajadores
El nuevo gobierno de Gandia -formado por el PSPV y Més Gandia- ha descubierto que la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) no paga la Seguridad Social de sus trabajadores desde el pasado més de febrero, una situación que provoca que cada mes se produzca un gasto de 60.000 euros de recargo, según ha señalado el portavoz socialista José Manuel Prieto, que ha apuntado que se adeudan más de 200.000 euros.
En este sentido, Prieto ha explicado que en las próximas semanas tratarán de poner en orden este asunto, porque “los continuos impagos en la empresa pública pueden derivar en problemas más graves”, por lo que intentarán “poner solución a la barra libre del anterior gobierno [dirigido por el popular Arturo Torró]. Vamos a intentar poner orden en el pago para evitar otras consecuencias a la administración local”.
Dos cajas con dinero en efectivo
El portavoz socialista también ha confirmado que el consejo de Administración de IPG se ha encontrado con dos cajas metálicas con dinero en efectivo con el que creen que el gerente de la sociedad pagaba a sus proveedores “para evitar transferencias y operaciones bancarias”, lo que, a su juicio, “puede obedecer al hecho de que las cuentas de IPG están embargadas”.
El nuevo consejo de administración prometió que cuanto antes elaboraría un informe contable para conocer la deuda y la situación financiera de la entidad, así como un informe jurídico sobre las actuaciones que se han llevado a cabo, como la compra del espacio comercial del hotel Gandia Palace, investigado por un juez tras la demanda del PSPV.
Tarjetas de aparcamiento
En otro orden de cosas, el equipo de gobierno ha decidido dar de baja 85 de las 89 tarjetas de aparcamiento gratuito en el parking del Prado, que el anterior gobierno tenía reservadas. Cada abono de estas características tiene un coste anual de 860 euros, por lo que el aparcamiento -de titularidad pública- podría llegar a ingresar más de 73.000 euros.
Al respecto, Prieto ha señalado que “estar a la altura de los ciudadanos exige generar recursos en el Ayuntamiento, pero también prescindir de los privilegios con que contaban los anteriores gobernantes”.
