El Consell amenaza con emprender acciones legales contra el Gobierno por la “injusta” financiación

La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha amenazado este miércoles con emprender acciones legales por el “injusto” sistema de financiación autonómico, fruto del cual, ha dicho, la comunidad arrastra una deuda que pone el riesgo el mantenimiento de los servicios públicos.

En rueda de prensa conjunta con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras firmar una convenio de colaboración para la mejora de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana -dotado con 860.000 euros-, Bravo ha desvelado que la Generalitat está elaborando un informe para decidir si puede reclamar por la vía judicial una mejor financiación autonómica.

“La Comunitat Valenciana está sometida a un injusto sistema de financiación autonómica, fruto del cual arrastramos una deuda que, si no se soluciona en el plano político, puede obligar a la Generalitat a ejercitar acciones legales”, ha advertido la consejera.

Situación de “extrema gravedad”

Bravo ha denunciado que la situación es de “extrema gravedad”, porque, si tienen que cumplir con el déficit, que les obliga a pagar la deuda tal y como dice la Ley de Sostenibilidad, “los servicios públicos esenciales como sanidad o educación o otros del ámbito del bienestar social no podrían ser atendidos”.

Ante este escenario, la responsable de Justicia ha dicho que la Generalitat “está elaborando un informe para decidir y dictaminar qué posibilidades tiene el gobierno regional para reclamar por la vía judicial una mejor financiación” o mejores condiciones de cara al próximo ejercicio presupuestario.

Con todo, Bravo ha reclamado que esta cuestión se solucione en el ámbito político al margen de que pueda existir la judicial. “Son cuestiones que exigen a los responsables políticos sentarse porque la Comunitat Valenciana se merece ese dialogo”, ha agregado.

Mayor dotación presupuestaria en los PGE

Asimismo, la consellera también ha pedido una mayor dotación presupuestaria en los próximos presupuestos generales del Estado para la Justicia, en particular una ley de financiación para la administración de Justicia, puesto que el convenio firmado hoy sólo supone un “pequeño respiro” para su comunidad.

No obstante, Catalá ha dicho que el Gobierno no contempla una ley financiación ad hoc para la Justicia, ya que eso no existe tampoco en Sanidad ni Educación.

Ha recordado que fue el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero quien aprobó el actual modelo de financiación autonómica, que no ha podido mejorarse por “la gravedad la crisis económica” de los últimos años, si bien ha destacado los 7.500 millones de euros adicionales que recogen los presupuestos para 2016 para la financiación autonómica.