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El fracaso del plan de Empleo de Fabra

Alberto Fabra con el conseller de Industria,  Máximo Buch

Voro Maroto

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció en octubre de 2012 que la Generalitat impulsaría mediante subvenciones la contratación de 15.000 trabajadores en la Comunitat Valenciana. Año y medio más tarde, el balance del Plan de Empleo Conjunto –implicaba a diputaciones y ayuntamientos- es desolador: apenas ha impulsado, a la espera de los datos finales, unos centenares de empleos.

Las razones, según los implicados, son varias. Tal vez la más importante es que nadie se fie de que el Consell, con la Generalitat asfixiada financieramente, va a pagar la subvención prometida, 1.125 euros para contrataciones por un mínimo de 25 horas a la semana y tres meses de contrato.

Los ayuntamientos, que junto con las diputaciones y la Generalitat debían financiar el plan a partes iguales, también carecen, en muchos casos, de liquidez, por lo que apenas han apoyado la medida estrella de Fabra para generar empleo. Únicamente un 36% de los municipios -197 de 542- se acogieron al plan. En Alicante, ante la falta de participación de los pueblos, el plazo de inscripción se alargó dos veces.

Los empresarios, conocedores de la morosidad de la administración autonómica, reclaman fórmulas distintas a la subvención de contratos. Cristóbal Navarro, representante de las pymes de Alicante, declaró a Información que las compañías necesitan “vencer el miedo a la contratación, y eso sólo se consigue con más flexibilidad”.

En este caso, la falta de agilidad de la administración a la hora de gestionar tampoco ha ayudado. En Valencia capital, sólo 6 personas se beneficiaron del plan, que pretendía crear 1.333 empleos. El plazo para solicitar las ayudas estuvo abierto sólo tres semanas, entre el 29 de octubre y el 18 de noviembre, lo que no facilitaba las cosas.

En resumen, los 15.000 empleos que Fabra quería subvencionar se han demostrado una quimera. En Valencia se han quedado, de momento, en 270 de los 5.210 previstos. En Castellón, según el PSPV, en 100 de 1.500. En Alicante, el plazo se amplió hasta el 31 de enero. No se esperan resultados mucho mejores.

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