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La fundación que impulsó Camps y epicentro del caso Taula se liquidará con pérdidas de un millón de euros

El Consell anunció en enero el fin de la Jaume II el Just, entidad que gestionaba Vicente Burgos y en la que trabajaba Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero' que recaudaba para el PP

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Camps, en el centro, en la inauguración de la ruta de los Monasterios, que incluye el de la Valldigna.

Camps, en el centro, en la inauguración de la ruta de los Monasterios, que incluye el de la Valldigna.

La Fundación Jaume II el Just, impulsada por Francisco Camps y clave del caso Imelsa, terminará su vida con unas pérdidas de casi un millón de euros. En concreto, según las cuentas de la Generalitat, terminó 2016 con 921.052 euros en negativo.

Esta entidad gestiona el monasterio de Simat de la Valldigna, un edificio cisterciense que data del 1298 y fue adquirida por la Administración valenciana en los noventa. Francisco Camps, expresidente del Consell, se convirtió en su padrino y decidió impulsarla como símbolo del valencianismo.

Las cuentas no le acompañaron. La gestión de los populares dejó en el monasterio un agujero de nueve millones de euros. La Generalitat sofocó las cuentas en 2008 pero la Fundación continuó funcionando: en 2014, según la Sindicatura de Comptes, el auditor oficial de la Generalitat, costó 666.000 euros. El 43 % de sus costes eran de personal y cerca del 70% del presupuesto se va a gastos de funcionamiento en una entidad con solo seis trabajadores.

En ella trabajaron Vicente Burgos, compañero de facultad del expresidente popular y exmarido de Maria José Alcón, concejal de Cultura en Valencia, también imputada, así como Marcos Benavent, el recaudador del PP autodenomindado 'yonqui del dinero'.

Según los números de la Generalitat, en 2016 los gastos de personal ascendieron ligeramente, de 254.000 euros en 2015 a 260.000 el pasado año.

En 2016,  Compromís denunció que la fundación abonó 56 facturas por un total de 1'6 millones de euros a una compañía supuestamente vinculada a la financiación ilegal de los populares valencianos, Thematica Events S.L.

En enero, el Consell se comprometió a liquidar esta entidad y actualmente se está procediendo al traspaso de sus competencias a la dirección general de Cultura y Patrimonio. La deuda total, según explicó Albert Girona, secretario autonómico de Cultura, ronda entre los 12 y 16 millones de euros que debe asumir la Generalitat.

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