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Ya son 14 las sentencias que obligan al Consell a entregar información Compromís

La justicia obliga al Consell a entregar a la coalición las facturas de las reformas de la vivienda que alberga el edificio del TSJCV

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La diputada autonómica de Compromís, Mònica Oltra

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido una sentencia -y ya van catorce- que obliga al Consell a entregar a Compromís copia de la documentación relativa a los costes de las reformas efectuadas durante los últimos quince años en la vivienda que alberga el edificio del propio TSJCV, que ha venido siendo ocupada por quien ostenta la presidencia de dicha institución.

La diputada de Compromís y candidata de la coalición a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, realizó a principios de 2014 una petición de documentación para que el Consell le facilitara las facturas de las reformas realizadas en la vivienda situada en el edificio que alberga el TSJCV en Valencia. Petición que el gobierno de Alberto Fabra se negó a satisfacer por lo que Oltra recurrió ante la justicia.

La vivienda, residencia de los presidentes del TSJCV

Esta vivienda ha sido la residencia de los presidentes de este Tribunal hasta la llegada de Pilar de la Oliva. En esta sentencia el Tribunal precisa que en la actualidad la vivienda se encuentra deshabitada. Las facturas de las reformas reclamadas por Compromís incluyen el período en el que Juan Luis de la Rúa presidió el TSJCV, en el que el magistrado utilizó la vivienda como residencia familiar.

La vivienda, de unos 300 metros cuadrados y que cuenta con una capilla en su interior, se encuentra en la cuarta planta del edificio del TSJCV, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Las reformas y el mantenimiento de esta vivienda, así como del resto del edificio, son competencia de la Generalitat Valenciana.

Según señalaron los medios de comunicación, durante la presidencia de Juan Luis de la Rúa en el TSJCV (el juez que aseguró ser más que amigo de Francisco Camps) la vivienda situada en el Tribunal era su casa familiar, en la que vivieron además sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial.

Los representantes sindicales de los trabajadores del TSJCV han denunciado en numerosas ocasiones las pésimas condiciones en las que desempeñan su jornada laboral por el estado ruinoso del edificio, con una inadecuada ubicación de parte del personal, el mal estado del mobiliario, condiciones de insalubridad e incluso problemas estructurales que han llegado a producir desprendimientos del techo.

Ante este situación, los gobiernos del PP en la Generalitat "han ido haciendo caso omiso a las peticiones de rehabilitación urgente permitiendo que el edificio, que es el máximo exponente de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, se encuentre en una situación deplorable".

Dinero público

Oltra realizó las peticiones de documentación sobre el coste de las reformas de la vivienda del Presidente del TSJCV para poder contrastar cuánto y en qué conceptos se ha gastado el Consell el dinero público en esa residencia mientras permitía el estado ruinoso e insalubre del resto del edificio. La negativa a facilitar esta información aumenta las sospechas sobre el gasto excesivo del Consell en la parte del edifico destinado a residencia presidencial y la nula inversión en el resto del edificio. Ahora el propio TSJCV obliga al gobierno del PP a facilitar esta documentación a Compromís.

Con esta sentencia el TSJCV también obliga al Consell a facilitar a Oltra copia de la documentación relativa a los comprobantes del pago de la obra de construcción del edificio que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, que la diputada de Compromís también solicitó al la Conselleria de Sanidad y le fue denegada.

Esta nueva sentencia que condena la opacidad del gobierno de Alberto Fabra es la decimocuarta que consigue Compromís en el TSJCV por la vulneración del derecho fundamental a la obtención de información de los diputados amparado por el articulo 23 de la Constitución Española. La sentencia también condena al Consell a pagar las costas.

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