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Olivas citado a declarar como imputado por el desvío de fondos al Grupo Salvador

El expresidente de la Generalitat y del Banco de Valencia deberá declarar el próximo 3 de marzo por un posible perjuicio de 120 millones de euros

El Grupo inmobiliario tuvo un trato "inexplicablemente privilegiado" durante el mandato de Olivas al frente de la entidad bancaria

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El expresidente de Bancaja, Banco de Valencia y la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas

El expresidente de Bancaja, Banco de Valencia y la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado el próximo 3 de marzo al expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas por el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario Ramón Salvador, con el que pudo ocasionar un perjuicio de 120 millones.

Un día antes, el lunes 2 de marzo a las 10:15 horas, el magistrado ha convocado al exconsejero delegado Domingo Parra y al exdirector de participaciones inmobiliarias de Alfonso Monferrer, mientras que el miércoles deberán hacerlo el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo y el propio empresario alicantino propietario de Grupo Salvador.

El mismo día que Olivas está citado también el expresidente de Bancaja Habitat José Cortina, al que como al resto atribuye un delito de apropiación indebida.

Olivas, también imputado en el "caso Bankia" por el que de momento se enfrenta a una petición de fianza solidaria de 800 millones junto a otros cuatro exconsejeros y la entidad, trató de que el juez archivara esta causa, si bien la sección tercera de la Sala de lo Penal tumbó su solicitud en febrero del año pasado.

Perjuicio de 120 millones de euros

Esta pieza nació a raíz de una de las querellas del Banco de Valencia contra su antigua cúpula, que ejerce como acusación representada por el abogado designado por el FROB, Carlos Gómez-Jara.

Según su escrito, los imputados pudieron provocar "un perjuicio mínimo de 120 millones de euros" a la entidad gracias a diversas operaciones "de dudosa racionalidad económica" con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador.

Dicho grupo tuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte del Banco de Valencia y de Bancaja mientras Olivas fue su presidente, fruto del cual, obtuvo entre 2007 y 2012 un importe total de 631 millones, "sangría económica que sólo se paralizó" con la intervención por parte del Banco de España.

Así, relataba que el empresario recibió hasta 2009 202 millones de euros a través de la sociedad H2018, creada "exclusivamente para resolver los graves problemas de solvencia" del empresario, pues su única actividad mercantil fue llevar a cabo transacciones con sociedades del grupo inmobiliario.

La sociedad se convirtió, según la querella, en "un instrumento para proporcionar delictivamente financiación" al grupo de Salvador "simulándolo bajo la apariencia de compraventas de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas".

En 2010 y 2011, además, H2018 continuó realizando nuevas operaciones de compras de activos a sociedades del grupo por un importe conjunto de 56,03 millones de euros, cuando el sector inmobiliario ya estaba "definitivamente paralizado", adquiriendo tres fincas a pesar de conocer el impacto económico desfavorable que habían tenido las operaciones anteriores.

Para la acusación, todo ello no podría haber sido posible sin la "tolerancia" de Olivas dada su condición de máximo responsable en ambas entidades, desde las que "controlaba y dominaba toda la operación en su conjunto y en cada uno de sus extremos".

Domingo Parra, Aurelio Izquierdo

Izquierdo, por su parte, fue el "máximo responsable de la operación", mientras que Cortina "le tenía al tanto y puntualmente informado de sus actuaciones".

Mientras, Domingo Parra fue "la persona que, en última instancia, aprobó y autorizó toda la operación de traspaso de fondos".

En esta causa, que instruye Pedraz como pieza separada de la principal sobre la gestión del Banco de Valencia, están imputados también la sociedad Residencial Mira Llevant y, como responsables civiles: Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.

Al margen de esta causa abierta en la Audiencia, la Fiscalía ha pedido para Olivas tres años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en 2008 por el asesoramiento prestado por una empresa suya a una mercantil del empresario Vicente Cotino.

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