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#CasoBlasco en vez de #casocooperación

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Todos se quejan pero ninguno deja el cargo. “Mis recursos son menores que cuando comencé mi andadura política”, ha dicho con cara de no haber roto un plato en su vida, Rafael Blasco, ex conseller de casi todo en el Gobierno Valenciano, con socialistas y populares, antes de entrar al juicio en el que está imputado por fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsificación de documento público en la concesión de las ayudas del Consell a la cooperación internacional.

Pobre. Más de 30 años sacrificado por el bien público.

“Es el momento de la verdad”, ha declarado, al igual que su compañero, el ex presidente de la Diputación de  Castellón, Carlos Fabra, otro político vocacional, que fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por fraude a Hacienda, y con el que ha compartido abogado, Javier Boix, también defensor de  Francisco Camps en el caso de los trajes. Una verdad que todos queremos conocer y por la que el ex portavoz del Partido Popular se enfrenta a 14 años de prisión. Y sólo es una de las piezas del sumario; la que afecta a la Fundación CYES y las subvenciones de 1.827.840 euros de euros que la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, que entonces dirigía Blasco, concedió en 2008 para cinco proyectos en Nicaragua, donde apenas llegaron 43.000 euros. Otro dato a tener en cuenta es que el importe total de los proyectos ascendía a 2.284.800 euros, de los que CYES, que carecía de la capacidad económica necesaria, debía sufragar el 20% requerido. No aportó nada en su día, y además se gastó casi todo en comprar diversos inmuebles, entre otras cosas.

Augusto César Tauroni, único imputado en prisión, obtuvo contratos en todas las Consellerias que Blasco gobernó. “Fue a través de personas interpuestas y con independencia del ámbito de actuación del organismo público y de los diferentes cometidos y quehaceres a realizar en cada uno de ellos: Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad” El auto no deja lugar a dudas.

Por eso no me extraña que la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, que ejerce la acusación popular junto al PSPV-PSOE, pida que la causa se llame #CasoBlasco puesto que no se juzga la globalidad de la gestión de los fondos destinados a cooperación internacional de la Generalitat Valenciana, sino “los delitos de una presunta trama que apuntan como máximo responsable al exconseller y su equipo directivo”. Me apunto a su propuesta, y desde aquí la comparto, a la espera, como muchos otros, de que Blasco declare el próximo jueves y nos cuente la verdad de dónde está el dinero de los fondos de cooperación.

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