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Democracia sitiada

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La crisis política española no debe entenderse como un elemento más que se añade en nuestro país a otras dimensiones de la crisis internacional. El laberinto político actual es expresión misma de esa crisis y aporta claves para entenderla. La ofensiva contra el sistema democrático tiene varias dimensiones: en lo político está generando tensiones y reacciones autoritarias que cercenan los derechos civiles y la libertad ciudadana, como la ley mordaza y la reforma laboral. También alimenta ideologías xenófobas, da alas al racismo y fomenta el individualismo frente al altruismo y el sentido de colectividad. Sea cual sea el análisis que se haga de las causas, lo cierto es que tanto los atentados islamistas como las crisis financieras, están sirviendo de argumento para aplicar reformas que cercenan los derechos constitucionales y van minando los cimientos de la democracia política, social y económica. Y digo democracia económica porque una sociedad con una cuarta parte de la población activa marginada de su derecho al trabajo, unos trabajadores sometidos a niveles salariales de miseria, unas desigualdades sociales y salariales abismales entre los trabajadores y la élite corrupta que ejerce el poder político y económico, no puede llamarse, en modo alguno, democracia.

La democracia como concepto político creado por la aristocracia ateniense, fue tomando cuerpo desde la ideología política de la Ilustración a través del reformismo liberal,  las luchas emancipatorias de los grupos sociales oprimidos y el activismo de las organizaciones obreras. El contexto actual es bien distinto. Los fundamentos del estado de bienestar (expresión mínima de los derechos exigibles a toda democracia) se enfrentan ahora al poder financiero internacional  y a poderes autoritarios capaces de generar las condiciones adecuadas para provocar reacciones políticas contrarias al estado de derecho. Muchos de los grandes conflictos estás asociados a la economía delictiva y al control de los recursos naturales. Grandes conflictos que legitimas estados de emergencia. No hay que ser muy perspicaz para comprender que en el centro de la diana de esta lógica del sistema está socavar cada vez más nuestros derechos fundamentales, esos que nos identifican con el humanismo y los ideales de la Ilustración.

Ni las instituciones políticas transformadas en organizaciones delictivas, ni la deriva del separatismo y su odio irracional al otro, ni las tácticas gubernamentales mafiosas dirigidas a destruir al adversario que amenaza su establishment, los oligopolios de los medios de comunicación, ese sistema de gobierno al servicio de las élites económicas, pueden devolver a la ciudadanía española la plenitud democrática, ni siquiera lo que ha ido perdiendo a lo largo de la última década. Apostar por la estabilidad de este sistema basado en la manipulación y en la vulneración de derechos fundamentales es avanzar un paso más en la auto-destrucción moral y caer en la trampa de gobernar al servicio de una casta, para la cual las personas o son instrumentos del beneficio económico o son excedentes.

Es cierto que una alianza de izquierdas tendrá que afrontar todo tipo de ataques (ideológicos, políticos, mediáticos, económicos), insultos y difamaciones. Es demasiado lo que está en juego para quienes corren el riesgo de someterse a otra legalidad. Pero no hay otra alternativa que al menos nos permita intentar salvar la democracia social y económica y buscar la solidaridad de otros grupos europeos. A los que tenemos enfrente, a esos ya los conocemos.

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