La Diputación ingobernable

Las diputaciones son las administraciones de las provincias, y éstas la división territorial de un Estado centralista. España se mueve entre la pulsión centralista y uniformadora de un lado, y la federalista, confederalista e incluso separatista por otro desde que España es España.

Próximas a cumplir 200 años de existencia parece que no haya pasado el tiempo; a pesar de los intentos de control y censura de las redes sociales vía Leyes Mordaza varias, nos encontramos en la era de la participación ciudadana on-line, de la democracia en tiempo real y de la expresión de la opinión sin fronteras, y sin embargo, las diputaciones son las instituciones territoriales más significativas cuyos dirigentes políticos no son elegidos por sufragio universal, libre y directo. Si obviamos las mancomunidades y entes similares, de irregular implantación y menor nivel competencial, son las únicas que adolecen de esa legitimidad. Esta anomalía democrática implica que los políticos y las políticas que las dirigen no tengan que rendir cuentas directamente ante la ciudadanía de sus logros en las siguientes elecciones. Para acabar de comprender la vinculación de las diputaciones con el electorado hemos de señalar que su ámbito competencial es muy irregular a lo largo de la provincia, pues deben centrar sus esfuerzos en los municipios más pequeños y sin embargo, la mayor parte de sus representantes provienen de distritos electorales urbanos y metropolitanos, de tal forma que su reelección está ligada a la suerte electoral de las capitales de provincia y sus hinterlands, y parcialmente desconectada de sus propios aciertos o errores.

Por todo esto, dedicarse a fidelizar electorado en las zonas rurales y en los partidos judiciales donde puede determinarse, por un puñado de votos, el acta de diputado en juego, suele ser un objetivo prioritario. Quizá por ello los episodios de clientelismo, cuando no directamente de corrupción, se asocian fácilmente a estas instituciones: Baltar se definía a sí mismo como un “cacique bueno”, Fabra mostraba a sus nietos “su” aeropuerto, Rus cambiaba subvenciones por fotos en el tradicional “besamanos” en el despacho presidencial, etc., etc.

Otra característica singular que hay que tener en cuenta a la hora de comprender su naturaleza es su financiación. En el peor momento de la crisis económica fueron de las pocas administraciones que mantuvieron la salud económica gracias a que sus ingresos son estables y previsibles (la mayor parte son transferencias del Estado). Hoy la Diputación de Valencia echa un capote a la arruinada e infrafinanciada Generalitat Valenciana en la implementación de sus políticas.

En este contexto, pues, su organización interna puede ser buena si tiene la suerte de ser dirigida por personas que impulsen su modernización, o al menos no estorben… o bien puede ser un auténtico desastre. La de Valencia pertenece, en mi opinión, a este último grupo.

Quizá hacia afuera no se noten mucho las deficiencias de funcionamiento, el dinero llega a los pueblos bien y a tiempo; lo demás es lo de siempre: burocracia interminable y plazos sempiternos, nada nuevo y mal de muchos. Las cifras han variado poco en lo que va de legislatura, aunque no para bien: gastando un 1,7% más del presupuesto en personal se transfiere e invierte un 1,44% menos, los neoliberales ya pueden hablar de la mala gestión de la izquierda. Ésta puede defenderse: gastar más en personal, en empleo público, lejos de ser malo es un valor.

Sin embargo los grandes números no nos dan toda la información, hay que profundizar algo más para saber si esas variaciones son positivas o no. Así, los gastos de personal han aumentado más de un 7%, pero la plantilla apenas lo ha hecho en un punto porcentual, incluyendo al personal acogido a los planes de empleo juvenil subvencionado, cuya retribución es menor al tener un contrato en prácticas. Ha aumentado el personal temporal al mismo tiempo que siguen sin cubrirse vacantes de la estructura, es decir: ha aumentado la precariedad laboral.

El salario medio apenas ha variado, con tendencia a la baja, a pesar de las subidas del 1% permitida por Montoro en 2016 y 2017 ¿Cómo es posible? Dos factores combinados tienen la culpa: el aumento del personal temporal, cuyas retribuciones son inferiores a la del personal fijo que se ha jubilado, tira hacia abajo del salario medio; situación que se compensa con la reclasificación al alza de los puestos de trabajo de parte del personal fijo como sistema de incentivos y recompensas ante la falta de desarrollo de la carrera profesional ordenada.

La consecuencia es que la organización interna de la Diputación de Valencia no es racional, lo cual no es nuevo, es un mal que viene de antiguo. Pero lejos de corregirse, en esta legislatura se está acelerando su inflación orgánica hasta hacer de su relación de puestos de trabajo una estructura elefantiásica, una pirámide invertida en la que hay más mandos que tropa. La consecuencia es que la brecha salarial se ha agrandado entre trabajadores.

El resumen de todo ello es desolador: más precariedad, más desigualdad, peor clima laboral, mala asignación de recursos y peligro de colapso de la organización en algunos servicios críticos. CCOO lleva tiempo advirtiendo de esta situación y demandando cambios en la gestión de personal de la corporación, pero para el equipo de gobierno no parece ser una prioridad.

La política de personal de la era PP apenas ha cambiado en la era Cuatripartito de izquierdas. Paradojas.