Imagina que todos los votos valieran igual

Dice la Constitución española que todos somos “iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna” (artículo 14) y que el Congreso se elige “por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto” (artículo 68). Y sin embargo, cada vez que hay elecciones generales queda en evidencia la injusticia de un sistema electoral que vulnera claramente ese principio de igualdad. Ya sabemos que cada escaño de IU -sólo dos para casi un millón de votos- cuesta ocho veces más que uno del PP, y la misma desproporción se da entre un acta por Madrid y otra por Soria.

Si los lamentos post-electorales generalizados fueran sinceros hace tiempo que se habría puesto una solución, pero ni PSOE ni PP están dispuestos a renunciar a su sobrerrepresentación. Ni siquiera durante la primera legislatura de Zapatero, que gobernó en minoría con el apoyo de IU y otras fuerzas de izquierdas, se aprovechó la ocasión para reformar el sistema electoral. Y eso que hasta el Consejo de Estado había planteado una fórmula -el “colegio de restos”- que permitía corregir parcialmente la desproporcionalidad sin cambiar la Constitución. Ahora es uno de los compromisos arrancados por Alberto Garzón al PSOE, que no obstante sigue empeñado en exigir para ello un “amplio consenso” que incluya al PP. Una excusa fácil para seguir usurpando escaños que, en justicia, no les pertenecen.

En el País Valenciano el problema no es tanto la división en circunscripciones provinciales como el efecto fulminante de una elevada barrera electoral -el 5% de los votos emitidos a nivel autonómico- que ha dejado en repetidas ocasiones sin representación parlamentaria a cientos de miles de personas. Pasó en 1999 con UV y el Bloc, en 2003 de nuevo con el Bloc, y en 2015 con la coalición liderada por EUPV y que yo tuve el honor de encabezar.

También aquí y ahora se han formulado propósitos de enmienda. En su discurso de investidura el presidente Ximo Puig anunció que propondría rebajar la barrera para garantizar la pluralidad, y hoy mismo está previsto que la consellera Gabriela Bravo presente el informe técnico del Observatorio para la Reforma Electoral, que será remitido a una comisión de estudio constituida en Les Corts. El PP ya ha dicho que se niega a cambiar la Ley Electoral Valenciana, que data de 1987, sin abordar previamente la modificación del Estatuto de Autonomía que, paradójicamente, ese mismo partido ha impedido en las Cortes Generales. Pero, toda vez que la reforma de 2006 eliminó la referencia expresa a la barrera en el texto estatutario, y que en las últimas elecciones el PP quedó, con 31 escaños, por debajo de la minoría de bloqueo, estamos ante una oportunidad real de democratizar nuestras instituciones y acabar con una injusticia histórica. Para ello se requieren dos tercios de la cámara, lo que obliga a los grupos que dan apoyo al Consell a buscar el acuerdo con Ciudadanos, que en este tema parece estar en sintonía.

Hacer una nueva Ley Electoral Valenciana, treinta años después de la primera, da pie a introducir muchas mejoras técnicas –como la referencia expresa a las cuotas de representación por sexo que estableció la Ley de Igualdad-, pero en mi opinión las modificaciones más profundas que se requieren son tres, orientadas a hacer realidad los principios de universalidad y de igualdad en el sufragio:

1.- Ampliar el derecho de sufragio pasivo -pues el activo está restringido por el Estatuto de Autonomía a quienes tengan la condición política de valencianos- a todas las personas con residencia legal en nuestro territorio, independientemente de su nacionalidad.

2.- Eliminar o rebajar al 3% la barrera electoral para acceder a las Cortes Valencianas.

3.- Regular las campañas electorales para garantizar la transparencia, el control y la igualdad de oportunidades, incluyendo criterios de equidad en la financiación y en los debates electorales, que deberían imponerse tanto en los medios privados como en los públicos que ahora no existen.

Hay muchas otras cuestiones interesantes que se podrían plantear en la nueva norma: la apertura o el desbloqueo de las listas, la votación y el escrutinio electrónico, medidas contra el transfuguismo, la limitación de mandatos y el endurecimiento de las incompatiblidades... pero las tres medidas anteriormente indicadas serían las más fundamentales para acabar con el déficit democrático del actual sistema electoral valenciano. Parece sencillo y realmente lo es. Sólo hace falta la voluntad política de cumplir lo prometido.

Para más adelante quedará pendiente la modificación estatutaria que permita acabar con las anacrónicas circunscripciones provinciales, que también distorsionan el sistema electoral al tener asignados –al margen de la población censada- un mínimo de 20 escaños, lo que determina que un voto por Castellón valga más del doble que otro por Valencia. Eso contraviene los “criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización” que recoge el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 23. Aunque la pregunta es: ¿se pueden compaginar realmente ambos criterios?

Para garantizar que todos los votos valgan lo mismo la solución es bien sencilla: circunscripción autonómica única. Pero ante eso hay voces que auguran que el centralismo innato en las organizaciones políticas dejaría sin representación a buena parte del territorio, con el peligro de desvertebración y deslegitimación que ello comportaría. Y, en sentido contrario, las propuestas de comarcalización conocidas van en detrimento de la proporcionalidad, puesto que al reducir el tamaño de las circunscripciones se refuerza el sesgo mayoritario del sistema, que llegaría al extremo en el caso de establecer distritos electorales uninominales, como proponía Camps en su tesis doctoral “clandestina”.

Volvemos por tanto a la misma pregunta: ¿sería posible la cuadratura del círculo? Yo desde aquí me atrevo a lanzar un reto a politólogos y matemáticos para que comprueben la viabilidad de un sistema que combine el criterio de proporcionalidad para las candidaturas y el de comarcalización para las personas electas. En mi modelo ideal se presentarían listas por comarcas -o agrupaciones de comarcas, habría que estudiarlo bien- y la asignación de escaños se haría en dos fases: 1) a las candidaturas en proporción al resultado global autonómico, 2) a las personas -dentro de cada candidatura- en función del resultado electoral por circunscripción. Por poner un ejemplo, si el partido o coalición X obtuviera un 15% del voto autonómico le corresponderían 15 de los 99 escaños y las 15 personas que los ocuparan vendrían determinadas por la distribución territorial de su voto entre las listas comarcales que hubiera presentado. ¿Quién se anima a intentarlo?

Como diría Lennon, “Puedes pensar que soy un soñador, pero no soy el único. Imagina que todos los votos valieran igual”.