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Luz verde a la Agencia Anticorrupción Valenciana

Gonzalo Guillén Tarín

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La semana pasada Les Corts Valencianes, tras más de un año de trabajo, daban luz verde a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

El camino hasta la aprobación no ha sido fácil. La tramitación no ha estado exenta de trabas, obstáculos y zancadillas que han puesto de manifiesto, en ocasiones, el gran peso de los aparatos de los partidos sobre la vida institucional no exenta de desconfianzas, egos y cálculos ombliguistas; actitudes que nos muestran el largo camino que aún queda por recorrer en materia de calidad democrática de nuestro sistema al haberse puesto en riesgo la existencia de esta instrumento por ambiciones meramente orgánicas y partidistas.

No obstante la Ley, defendida en un ejercicio de épica dialéctica por la parlamentaria de Podem Fabiola Meco, dejó en evidencia todas las falsas acusaciones que se vertieron sobre la Agencia. Por una parte se esclareció que este nuevo instrumento no estaba destinado a ser un juguete para los gobiernos de turno. Se ha garantizado su independencia, no sin grandes esfuerzos por parte del grupo que la proponía, Podemos, así como por parte de la sociedad civil que acompañaron a la redacción de la Ley. Una independencia que ha sido el caballo de batalla contra el que la ciudadanía y Podemos han tenido que combatir día a día frente a los intentos continuados por parte del PSPV y Compromís de adjudicarse el control de la Agencia, quizás para apuntar con ella a conveniencia, quizás para que no les apuntase a ellos mismos, o quizás para inutizarla y guardarla en el cajón de las reliquias (quién sabe). Al final la Agencia está adscrita a Les Corts para garantizar su indepencia, y por ende, su razón de existir.

Por otra parte se desmontaron las acusaciones sobre el ente en cuanto a su extralimitación de competencias. Todas las acusaciones provenientes del Grupo Popular así como sus amenazas con recurrirla al Constitucional caen en saco roto. La falsedad de las acusaciones de los populares son de tal magnitud que la única conclusión benévola que se puede extraer es que simplemente no habían leído la Ley.No corren buenos tiempos para el PPCV; los excesos verbales y el gamberrismo político que les llevaron a bautizar como Gestapo a esta agencia dejan en evidencia a una fuerza política que se asfixía día a día por su propio entramado de corrupción sistémica fraguado durante décadas. Mal andamos cuando el partido con más causas abiertas por corrupción política vota en solitario contra esta agencia.

La agencia no pisotea las competencias ni de la policía, ni de la fiscalía ni de los jueces; es más, es un instrumento aliado para ellos que a buen seguro agradecerán encuanto comience a ejercer sus funciones.

Por otra parte, su composición garantiza que el trabajo se llevará a cabo por aquellos quienes mejor pueden colaborar a combatir el fraude y la corrupción: funcionarios de las administraciones donde se han fraguado los casos de corrupción habitualmente; y no sólo los casos más sonados, sino aquella corrupción cotidiana, de andar por casa, que día a día se había instalado en entidades locales, autonómicas y provinciales. Allí donde la corrupción campaba a sus anchas para el beneficio de tantos en perjuicio de todos. Así, los funcionarios que tuvieron que soportar de cerca y sin respaldo institucional esta lacra, se convierten ahora en los protagonistas de su persecución.

También se ha tenido encuenta la debida protección del denunciante en su articulado; de manera integral y con las debidas garantías para que nunca más se queden sin denunciar casos de corrupción por la extorsión o el miedo que se pueda inducir por parte de los corruptos y los corruptores.

Según dicen, algunos se alegraban de que la agencia no se pareciese demasiado a la que quería Podemos y la sociedad civil. Seguramente lo dicen aquellos a los que la agencia que más les hubiese gustado es la que no hubiese existido. La realidad es que finalmente los ciudadanos y las ciudadanas contaremos con un instrumento que servirá para continuar cercando a los corruptos y defendiendo la integridad de nuestras instituciones y de nuestros bolsillos.

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