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El incendiario y la interfaz

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Siempre llega la hora de la ceniza, cuando el tenso combate de las llamas da paso a la evaluación de daños y la adopción de medidas. El avance del fuego en Xàbia, Benitatxell o Bolulla ha constatado, una vez más, que las advertencias preventivas de los días críticos sobre el extremo riesgo de incendios forestales no exageran. El calor anormal, la baja humedad y la sequedad del terreno crean en ciertos momentos una oportunidad meteorológica única para la acción brutal de incendiarios, delincuentes ambientales o pirómanos cuyos efectos se ceban en parajes naturales como La Granadella y, cada vez más a menudo, en casas y bienes particulares.

Bajo la apocalíptica amenaza de las llamas hemos visto evacuar estos días a toda prisa edificaciones y jardines, piscinas y cobertizos. Algo que ha propiciado también una movilización colectiva de solidaridad ciudadana y de apoyo entre vecinos, pero que pone de nuevo sobre la mesa un fenómeno del que hablan cada vez más los expertos con escasas consecuencias prácticas: los fuegos de interfaz.

Se trata de incendios que afectan a la denominada “interfaz urbano-forestal”, esa zona en la que entran en contacto el terreno forestal y las áreas edificadas, donde la amenaza sobre bienes y personas complica tanto la prevención como la extinción. No es solo que el despliegue de los efectivos de bomberos, de las brigadas o los soldados de la Unidad Militar de Emergencias se vea dificultado en las calles o caminos urbanizados por lo que el director general de la Agència Valenciana d'Emergències, José María Ángel, calificó en vivo como “laberintos”. Es que el fuego se adentre entre las construcciones quemando propiedades e instalaciones, dificultando el combate contra las llamas y poniendo a prueba la eficacia de una lucha cada vez más especializada.

La conciencia sobre la singularidad de este tipo de incendio, bautizado mediados los años setenta como “urbano-forestal” en la inflamable California, es pobre. No existía cuando las administraciones y los promotores se lanzaron a un ocupación del territorio ajena a toda consideración de que aquello suponía crear un escenario propicio a “un tipo de incendio que no solo puede alcanzar, sino que además puede propagarse en el interior de los desarrollos edificatorios, lo que hace que surjan unos problemas específicos, sustancialmente distintos a los provocados por los incendios puramente forestales o urbanos”.

Tampoco existe esa conciencia ahora en la mayoría de los ayuntamientos, ni entre las comunidades de propietarios y las decenas de miles de personas que habitan en esas zonas. Es tarde tal vez para promover, como se hace en California y Australia, que las edificaciones sean lugares seguros que conviertan en lo más prudente frente a un incendio permanecer dentro de casa. Pero no lo es para superar el déficit normativo ni la baja ejecución de recomendaciones que los planes de emergencia recogen ya en relación con el manejo de la vegetación para reducir el potencial combustible, el acceso a los puntos de agua, el establecimiento de zonas seguras, la señalización, los refugios o la autoprotección.

En las mesas de participación o de concertación posteriores a los incendios que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural convoca con las diputaciones, los ayuntamientos afectados y las entidades y colectivos para definir los objetivos de restauración forestal a medio y largo plazo debería abordarse, en el caso de los incendios de estos inicios de septiembre en la comarca de La Marina Alta, un catálogo de cuestiones que atañen al urbanismo, la planificación, la seguridad y la concienciación ciudadana. A la Generalitat ya no le vale solo con canalizar ayudas y organizar la intervención forestal. Hay que sacar lecciones para desarrollar de una vez ante los nuevos escenarios de riesgo una política más compleja, más incómoda y más eficaz.

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