La maraña de RTVV

La reapertura de Radio Televisión Valenciana (RTVV) podría ser a un nuevo gobierno de la Generalitat como la retirada de las tropas de Irak fue al gobierno de Zapatero, una primera medida simbólica. Lógicamente, un resucitado Nou no podría empezar a emitir el 25 de mayo, tan empantanada como ha dejado el Consell la situación del ente, pero quizás sí podría ser la Ley de una nueva RTVV pública la primera norma con la que se estrenasen unas Corts renovadas.

Sería fácil porque el texto ya existe, el de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que 90.000 valencianos han elevado al Parlamento autonómico y que el PP ha aprobado cambiando todo lo sustancial, lo que ha provocado el rechazo de la oposición y de los promotores del documento, que piden que se paralice su tramitación. Consideran que los populares han utilizado su mayoría absoluta para saltarse el reglamento de la Cámara, ya que bajo las 14 enmiendas presentadas al proyecto se encubre una enmienda a la totalidad en la práctica, algo que no puede hacerse con las iniciativas legislativas populares.

El grupo popular ha enmendado todos los artículos y hasta la exposición de motivos, de forma que se impide una reapertura rápida del medio (se condiciona a la resolución de los casos judiciales, que podrían tardar años en resolverse y a cuestiones económicas) y además se pone en cuestión su carácter público, ya que se permite la gestión privada, cuando la ILP especificaba que la Radiotelevisión debería ser pública en titularidad y gestión. Tampoco se acepta poner coto al control politizado del medio audiovisual público, que es una de las principales losas que arrastra Nou, junto a la nefasta y presuntamente delictiva gestión económica.

Otra cuestión que pervierte el espíritu de la iniciativa es la emisión “preferentemente” en valenciano, que deja la puerta abierta a que el PP tenga otro instrumento más para continuar la política lingüística iniciada en el departamento de educación y en el ámbito sociocultural (con su Ley de Señas de Identidad). Parece que el Gobierno encuentraexcesivo algo tan de Perogrullo como que uno de los principales sentidos que tiene la existencia de radiotelevisiones públicas en las Comunidades con lengua propia es el derecho a recibir y expresar informaciones e ideas en esa lengua.

Si la nueva Radiotelevisión no es pública, no es plural, no es en valenciano, ¿qué es? ¿Una suerte de tele “privada-concertada”, al estilo de lo que se hace en las escuelas, para favorecer el negocio audiovisual de algún amiguete con fondos públicos y al servicio de los mismos intereses partidistas que estuvo la anterior Nou?

El concepto que el PP tiene de la cosa pública está muy claro y su nula disposición a encontrar consenso también. A estas alturas del partido es más rentable esperar unos meses y empezar de cero, si las mayorías parlamentarias lo permiten. Pero el actual Gobierno deja una herencia envenenada o, al menos, muy enrevesada, porque la nefasta política llevada a cabo con el ente en todos los aspectos dificulta el proceso.

Un nuevo Consell se encontraría con varias causas judiciales pendientes en una empresa aún en vías de disolución:una ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la forma utilizada para liquidar la sociedad; otra ante la Audiencia Nacional presentada por CGT contra el Expediente de Regulación de Empleo que extinguió los contratos para el cierre de la empresa, dependiente de la decisión que adopte el TC; una tercera presentada por proveedores de la empresa y varias contra ex directivos por su gestión económica.

Hoy por hoy es una incógnita cómo puede desenmarañarse esta madeja. El Comité de Empresa me comenta que es la gran pregunta para que ni ellos ni parece ser que nadie tiene una clara respuesta. Pero la oposición se ha comprometido a reabrir RTVV si gobierna y, si no quiere escudarse en la políticamente recurrente “herencia recibida”, aun siendo cierto, le tocará buscar alternativas, que han de pasar por la búsqueda de un consenso que puedan ayudar a eliminar algunos obstáculos legales. CGT ya ha apuntado a que un acuerdo negociado podría suponer la retirada de demandas contra el ERE y no sé si estaría sobre la mesa un desistimiento del recurso de inconstitucionalidad en vías a una más rápida disolución y constitución de una nueva sociedad.

También tocará estudiar seriamente un proyecto económico realista que dimensione el ente y su presupuesto y, en ese marco, ver cuál es la plantilla que puede asumirse. Y, por supuesto, unos nuevos tiempos y unas nuevas políticas deberían demostrar sin ninguna sombra de duda que la pluralidad y el interés público general presiden la radio y la televisión de todos los valencianos.

Todo un reto, que aúna las características que los ciudadanos demandan hoy de los políticos: eficiencia económica, calidad democrática y capacidad de consenso.