Mariano Rajoy contra el autogobierno valenciano: Las leyes aprobadas por las Corts acaban en el Constitucional
La presente legislatura está marcada por una constante. Las leyes aprobadas por las Corts, en la mayoría de los casos con los votos de los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Podem), que propiciaron el cambio en la Generalitat después de veinte años de gobiernos del PP, tienen muchas probabilidades de acabar en el Tribunal Constitucional. Las últimas han sido las leyes de Pobreza Energética y por la Función Social de la Vivienda, que el Gobierno de Mariano Rajoy acordó el pasado viernes en el Consejo de Ministros recurrir ante el Constitucional.
No son las únicas ni han sido las primeras. Anteriormente, el Ejecutivo central ya impugnó el texto que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, la norma valenciana de parejas de hecho, la que regula la custodia compartida o la ley que permite rebocar a los senadores territoriales. La justificación del Gobierno es recurrente: La comunidad autónoma invade competencias que no le corresponden.
Estas últimas decisiones han sido calificadas por el Consell, en palabras de la consellera de Vivienda, María José Salvador, de ataque directo del Gobierno de Rajoy a los derechos de los valencianos, al tiempo que mostraba su “sorpresa y estupor” por la falta de lealtad institucional del Ejecutivo.
La vicepresidenta Mónica Oltra o el conseller de Educación, Vicent Marzà, también reaccionaron ante el acuerdo del Consejo de Ministros por medio de las redes sociales. Así, mientras Oltra acusaba a Rajoy y al Partido Popular de querer “impedirnos avanzar en derechos” y se preguntaba: “¿Será que no quieren que demostremos que se puede gobernar mejor?”, Marzà lamentaba que el presidente recurre “toda mejora para la ciudadanía valenciana”.
También desde la cuenta oficial de las Corts Valencianes en Twitter se hacían eco del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda en un mensaje dirigido directamente al presidente del Gobierno.
El síndic socialista en el parlamento valenciano, Manolo Mata, también mostraba el malestar del Gobierno por estos recursos y advertía que el PSPV no consentirá que Mariano Rajoy “siga metiendo el dedo en el ojo a los valencianos”.
Para Mata, quien recordaba que el Gobierno ha puesto trabas “al derecho foral valenciano, a la ley de sanidad universal, el copago farmacéutico y al decreto de coordinación de política turística”, la última decisión del Consejo de Ministros es “un freno más a las políticas de progreso” de la Generalitat Valenciana.
