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187 medidas contra la violencia machista

Los grupos acuerdan por unanimidad el dictamen de la subcomisión sobre la erradicación de la violencia de género

El texto incluye el concepto de violencia machista y el de feminicidio, que se define como asesinato de una mujer por razón de su sexo

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Las representantes de los grupos en la subcomisión de las Corts sobre violencia de genero

Las representantes de los grupos en la subcomisión de las Corts sobre violencia de genero Europa Press

Todos los grupos de las Corts Valencianes han acordado por unanimidad el dictamen de la subcomisión sobre la erradicación de la violencia de género, que recoge 187 medidas que deben regir las políticas del Consell, entre ellas propuestas para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista.

Las portavoces de los grupos en la subcomisión han presentado este viernes las conclusiones del informe, que han elaborado durante un año de trabajo y del que han destacado que se trata de "un hecho histórico", tanto por su temática como por el consenso alcanzado.

El dictamen será remitido al Congreso de los Diputados y al Gobierno central ya que, según ha afirmado la diputada de Podemos Cristina Cabedo, puede ser "referencia" a nivel estatal para el pacto contra la violencia de género.

El informe incluye el concepto de violencia machista y el de feminicidio, que se define como asesinato de una mujer por razón de su sexo, y recoge líneas de acción en los ámbitos de educación, salud pública, justicia, seguridad, laboral, juventud, medios de comunicación, redes sociales y tecnologías de la información y el conocimiento, servicios sociales, mujeres con diversidad funcional, el medio rural y mayores.

Que "no quede en un cajón"

Tanto Ciudadanos como el PP han pedido que el trabajo realizado "no quede en un cajón" y las recomendaciones sean aplicadas por el Consell, y la diputada popular Blanca Garrigues ha ido más allá al calificar las actuales políticas contra la violencia de género del Gobierno valenciano de "ineficaces".

Han coincidido los grupos en que faltan recursos destinados a las mujeres y a los menores ante una situación "de emergencia" en la que desde 2011 más de 35 menores han quedado huérfanos por haber sido sus madres víctimas de violencia de género y 43 mujeres han sido asesinadas en España en lo que llevamos de año.

Entre las líneas de acción propuestas, la diputada del PSPV Rosa Mustafá ha citado la revisión del régimen de visitas y la retirada de la patria potestad a los maltratadores, y ha señalado que este año cinco menores han sido asesinados por sus progenitores.

La portavoz de Compromís, María José Ortega, ha reclamado más recursos en los municipios, las autonomías y el Estado, y la importancia de la educación desde todos los ámbitos para prevenir la violencia de género.

Desde el PP, Blanca Garrigues ha destacado las medidas del ámbito laboral, uno de los aspectos en los que más se debe avanzar, y la de Ciudadanos, Mercedes Ventura, ha lamentado el déficit de coordinación de los agentes institucionales dedicados a la atención a las víctimas.

La diputada del grupo de no adscritos Covadonga Peremarch ha resaltado la necesidad presupuestaria y de abordar "desde todos los ámbitos" la violencia de género.

Aprendizaje en prevención

En la educación, se propone fomentar el aprendizaje en prevención de situaciones de conflicto vinculadas a comportamientos sexistas, la formación en violencia de género de los coordinadores de igualdad o contar con protocolos para hacer frente a casos de acoso o violencia.

En salud pública, difundir información sobre los recursos, la formación de profesionales de la salud, garantizar una detección precoz de las situaciones de violencia de género; y en justicia, instan al Gobierno a que prevalezca en todo momento el interés del menor en los derechos custodia y visitas en los supuestos de ruptura de la convivencia de los padres en caso de violencia, y superar la vinculación entre denuncia y protección asistencial.

En el campo laboral, proponen mantener a las víctimas de violencia de género en los programas de fomento de la ocupación o crear uno específico, incluir cláusulas en la contratación pública para la inserción sociolaboral de las víctimas y garantizar la inserción de las mujeres con inscripción preferente en las líneas de actuación del Servef.

Según la última macroencuesta del Ministerio de Sanidad, de 2015, las razones de las mujeres para no denunciar son, en un 44 % de los casos, por no conceder suficiente importancia a la violencia o pensar que podía resolverlo sola, en el 26 % es el miedo y el temor a las represalias y para el 21 % es la vergüenza.

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