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El sector citrícola de Castellón presenta más de 13.000 firmas en Bruselas

Miembros de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, en una reunión con el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero.

Belén Toledo

El comisario europeo de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Povilas Andriukaitis Kiusiur, recibirá el miércoles por la mañana 13.400 firmas provenientes de la provincia de Castellón. Las recibirá de manos de la Plataforma por la Dignitat del Agricultor y el texto firmado solicita el respaldo a “los intereses de la citricultura de la Comunitat Valenciana en particular, y de toda España en general”. 

En concreto, el documento pide que se restrinja la importación de naranja sudafricana, de forma que no coincida con la campaña citrícola española. Para ello, se solicita la rescisión del acuerdo económico con aquel país que elimina los aranceles “en un periodo, 16 de octubre a 30 de noviembre, en el que nuestros campos están en plena campaña de comercialización”. 

El texto incluye la exigencia de más “defensa fitosanitaria” para los cítricos cultivados fuera de la Unión Europea, “exigiendo las máximas cautelas y controles a los productos importados desde países con plagas de cuarentena”. El tercer punto es “incrementar los presupuestos destinados a la contratación de los seguros agrarios”. 

Reacción a la ruina citrícola 

La Plataforma per la Dignitat del Llaurador es una entidad formada por las organizaciones agrarias FEPAC-Asaja y la Unió de Llauradors, los ayuntamientos de la mayoría de localidades de la comarca de la Plana Baixa, además de Castellón y Almassora, así como asociaciones de exportadores y de regantes de la provincia. Durante el martes, los representantes de la Plataforma han mantenido reuniones con los partidos españoles con representación en la Unión Europea. 

La Plataforma nació a principios de este año como respuesta del sector citrícola a la escasa o nula rentabilidad del sector citrícola en la provincia de Castellón. La ruina de este cultivo en la provincia se acentuó durante la última campaña, en la que un gran porcentaje de propietarios de tierras no pudieron recoger la cosecha debido a los bajos precios que alcanzó la fruta. 

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