Otra sentencia condena a Dénia a pagar 3 millones más por una expropiación
Se repite el patrón y se repiten las nefastas consecuencias para la estabilidad económica del Ayuntamiento de Dénia, que acaba de ser condenado a pagar más de tres millones de euros por una expropiación de suelo en la zona de Miguel Hernández. Tres que se suman a los más de diez a los que tiene que hacer frente por otra sentencia del pasado diciembre: la de la expropiación de suelo en la finca de la Baronesa para abrir la avenida de Ramón Ortega. El nuevo fallo es un calco del anterior. Y también son los mismos los propietarios de los terrenos a los que habrá que abonar la cantidad: la familia Martínez Alberola, propietaria de la finca de la Baronesa.
El nuevo varapalo judicial engorda la ya pesada losa de las condenas por asuntos urbanísticos sobre las finanzas municipales. La sentencia ha sido emitida hace apenas unos días por la sala de lo contencioso de la sección cuarta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, aunque todavía recurrir en el Supremo. El fallo desestima un recurso que interpuso el Ayuntamiento de Dénia contra el justiprecio de los terrenos fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante en 2014. Los terrenos en cuestión abarcan la actual plaza de Cholet, el inicio de Miguel Hernández y el primer tramo de la avenida de Europa.
Ese justiprecio fijaba el valor del suelo, 3.115 metros cuadrados, en 3.112.182,67 euros, lo que ahora tendría que abonar el consistorio. Eso, más los intereses y las costas judiciales, lo que puede elevar la cantidad hasta los 3,5 millones.
Igual que sucedía en el caso de la finca del Baronesa, este litigio se genera a raíz de la discrepancia entre propietarios y consistorio sobre la aplicación de un convenio expropiatorio suscrito entre ambas partes en 1999. Pasado el tiempo, la familia Martínez-Alberola pidió la ejecución de la expropiación. La ley permite a los propietarios hacerlo si, transcurridos tres años desde la firma de el convenio, la administración no la ha ejecutado..
La sentencia alude precisamente al caso de la expropiación de la finca de la Baronesa para reproducir sus mismos argumentos. Ique en aquel caso, el consistorio argumentaba principalmente que la cesión de viales efectuada en el convenio suscrito no dio lugar a ninguna reserva de aprovechamiento, y que la el justiprecio fijado no procedía por cuanto venía establecido en el Plan General de 1990, anulado por los tribunales.
Sin embargo, el TSJ rechaza la argumentación municipal reproduciendo para este litigio los mismos razonamientos de la sentencia de la finca de la Baronesa. Señala el fallo que el argumento municipal “está defectuosamente planteado”. Es más: la Sala añade que “es de advertir que fácil tenía el ayuntamiento acreditar, en cuando Administración urbanística, la realidad del agotamiento del aprovechamiento objeto del convenio por las operaciones que insinúa con el mínimo rigor”.
La sentencia desestima íntegramente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Dénia, al que impone además el pago de las costas judiciales. Ahora, el consistorio tendrá que decidir si presenta un nuevo recurso.
