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El sistema valenciano de salud mental, al borde del colapso

El Síndic de Greuges ha detectado "serias deficiencias" en la atención residencial a personas con problemas de salud mental en la Comunitat Valenciana

La falta de planificación y de coordinación entre las administraciones, el "caos" normativo y la falta de documentos base para la actuación de esos centros son algunas de las cuestiones detectadas

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El síndic de Greuges, José Cholbi, y el adjunto Ángel Luna junto a la vicepresidenta de las Corts, Carmen Martínez

El síndic de Greuges, José Cholbi, y el adjunto Ángel Luna junto a la vicepresidenta de las Corts, Carmen Martínez

El sistema de salud mental en la Comunitat Valenciana está, al igual que sus profesionales, "casi al borde del colapso", pues si a la situación de crisis económica, que ha conllevado un aumento de morbilidad, se une que en el sistema sólo hay entradas y no salidas de personas, al final "colapsará".

Así lo ha explicado este martes en la comisión de Peticiones de Les Corts el adjunto primero al Síndic de Greuges, Ángel Luna, quien ha expuesto el informe elaborado de oficio por la institución sobre la atención residencial a personas con problemas de salud mental en la Comunitat Valenciana, donde han detectado "serias deficiencias".

La falta de planificación y de coordinación entre las administraciones, el "caos" normativo y la falta de documentos base para la actuación de esos centros son algunas de las cuestiones detectadas, de las que Luna ha destacado que no son un problema de falta de recursos económicos, sino "un problema de gestión, puro y duro", porque "no hace falta dinero para arreglar esto".

Luna ha admitido que seguramente sí que hará falta dinero para atender las deficiencias en la dotación de personal de los centros y lograr una formación especializada de los trabajadores, quienes también se quejan de la falta de recursos previos y posteriores al internamiento, como la ayuda a domicilio, centros de día o viviendas tuteladas.

Esto supone, ha añadido, que no se facilite la salida de personas internadas, donde hay situaciones de "larguísimos internamientos", con casos de gente que lleva "desde los años 50 en algún centro", "con una escasísima movilidad", lo cual a corto o a medio plazo "lleva al colapso del sistema".

Revertir la situación

El adjunto al Síndic ha instado a revertir una situación que "desde luego dista mucho de ser halagüeña", ya que aunque la institución equivalente al Defensor del Pueblo ha hecho recomendaciones, no dejan de ser "un aguijón que de vez en cuando pincha", pero sin facultad para "ordenar" nada a la Administración.

La Sindicatura resalta además la falta de recursos materiales y personales, que impiden que haya un procedimiento de atención a los enfermos que no esté basado "única y exclusivamente" en el internamiento y que por el contrario retrase los internamientos y facilite las salidas para integrarse en la sociedad.

Así, ha explicado que la mayoría de los ingresos de enfermos mentales crónicos se producen de forma no voluntaria y además hay "demasiadas incapacitaciones totales", por lo que ha abogado por que se ejerza la "curatela" en lugar de "la tutela".

Ha expuesto además la falta de medios de la Generalitat para el ejercicio de esas tutelas, pues por ejemplo tiene 32 funcionarios en la Comunitat para hacerse cargo de 2.920 mayores de edad con capacidad limitada, de manera que las tutelas se ejercen "casi por teléfono", y desde julio de 2014 no se ha reunido la comisión valenciana de tutelas.

Planificación en salud metal

Respecto a la planificación en salud mental, ha destacado que el plan que está en vigor es de 2001, sin que se haya adaptado siquiera a la estrategia nacional publicada en 2011, a lo que se une un consejo asesor con "muy baja" actividad, una deficiente coordinación sociosanitaria y una falta "clara" de recursos.

Luna ha lamentado además que en la Comunitat Valenciana no hay ningún centro residencial público de gestión pública para los enfermos mentales, así como que los recursos de las diputaciones en este ámbito son "heterogéneos y están absolutamente descoordinados" con la Generalitat.

Asimismo, ha señalado que entre el 25 y el 30 % de los enfermos de los centros visitados no tienen reconocida la situación de discapacidad o dependencia, lo que les priva de una prestación a la que tienen derecho.

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