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Impuestos al turismo, la batalla eterna

La tasa turística que propone Podem genera rechazo en la patronal hotelera pero no parece descabellada para vecinos y trabajadores

La Agencia Valenciana de Turismo y los dirigentes autonómicos insisten en posponer el debate para consensuarlo con el sector

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Veraneantes en Benidorm EFE

La Comunidad Valenciana recibió en 2016 cerca de 25 millones de visitantes, de los que 7'5 fueron turistas extranjeros. Solo en Valencia, la previsión es acabar 2017 con 5 millones de pernoctaciones, excluyendo los alojamientos ilegales. El sector turístico constituye a nivel autonómico en torno al 13% del PIB. Con los datos sobre la mesa, gobiernos y residentes se plantean dos cuestiones:  ¿Hay que poner límite a los turistas que se pueden recibir? ¿Hasta qué punto el turismo beneficia a los municipios?

Mientras la Generalitat valenciana se plantea esta cuestión -el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, contrario a la tasa, lleva meses posponiendo el debate argumentando que debe estudiarse con el sector-, Podem ha cogido la iniciativa y la ha llevado a las Corts valencianes. Colomer considera la tasa una forma de "penalizar el sector" y una "sobrecarga de impuestos" y que la recaudación debe conseguirse persiguiendo a los alojamientos ilegales. El mismo argumento de la patronal hostelera. La formación morada pretende pasar por encima del secretario autonómico e implementar la tasa a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Con el apoyo de Compromís y la abstención del PSPV-PSOE -en Presidencia tampoco gusta la medida-, en el debate de Política General se aprobó una resolución de la formación morada que instaba al Consell a impulsar una tasa turística. Días después, su portavoz,  Antonio Estañ, señaló la tasa como una de sus prioridades para apoyar las cuentas del Botànic. 

La tasa turística existe en prácticamente todos los países europeos en los que este sector es relevante para el PIB. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Austria y la República Checa, por citar algunos ejemplos, tienen diferentes regulaciones para este gravamen y difieren en si la recaudación es local o estatal.

La formación morada lleva dos años trabajando la implantación de este gravamen que considera una prioridad para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2018. Según defiende David Torres, quien se ha encargado de trabajar la cuestión, la tasa es también una forma de luchar contra la precariedad del sector y evitar que se agrave. La formación morada, explica, ha ido avanzando en su propuesta mediante reuniones con asociaciones de trabajadores, sindicatos y federaciones de vecinos, aunque prefieren no dar nombres para no entrar en confrontación.

Su modelo implica adaptar el sistema de Barcelona, una tasa de recaudación mixta, en el que la Generalitat fijaría un mínimo y un máximo (entre 0'50 y 5 euros) y cada municipio fijaría el que estimara conveniente; un impuesto finalista con exenciones para menores de edad, jubilados y descuentos en temporada baja. Los dirigentes autonómicos, sin embargo, piden no apresurarse en el debate y consensuarlo con el sector. Un sector con el que Podem también está negociando.

¿Dónde está el conflicto? En lo que llamamos sector. Cuando la Agencia Valenciana de Turismo habla de obtener el respaldo del sector como condición para aprobar la tasa, se refiere a la patronal, comentaba un diputado de Podemos. 

La patronal Hosbec y los responsables de grandes empresas turísticas, mayoritariamente los de la provincia de Alicante, se han opuesto firmemente a la implantación de la tasa, incluso han elaborado un manifiesto de 20 puntos con sus argumentos. Los empresarios alicantinos consideran que fomenta la economía sumergida porque grava el alojamiento reglado y restará competitividad a la Comunidad Valenciana.  Exceltur, otra asociación que representa a los empresarios, suscribe su argumento.

Fotur (la federación de ocio y turismo de Valencia), aunque no firmó el manifiesto de la patronal, tampoco se muestra convencida del modelo de Podemos, aunque aportó algunas ideas para lo que consideran su mejora: que la gestión sea transparente, que parte de la recaudación vaya para la formación de los empleados y que otra parte se destine a promoción internacional de la Comunidad Valenciana como destino desestacionalizado. 

Pero el sector, defiende la formación morada, también son los sindicatos, los trabajadores y los vecinos, que es a quienes afecta de forma directa esta actividad. El aumento de la afluencia de visitantes tiene impacto en la calidad de vida de los residentes.

Los vecinos de algunos municipios han visto sus impuestos multiplicados hasta por 4 para hacer frente a los gastos derivados del turismo. Con esos impuestos -el IBI, entre otros- se financia la limpieza de las calles, infraestructuras y servicios de transporte que el resto del año -en temporada baja- se reducen. La Federación de Vecinos de Valencia, considera que si se consensúa con el resto de agentes y la cifra es razonable, "cualquier aportación que ayude a los gastos de limpieza y los desperfectos es bienvenida". La patronal, como señala en el manifiesto, no quiere que se incremente la presión fiscal sobre la actividad. 

Desde la asociación de vecinos de El Carmen, por ejemplo, lamentan la saturación del Mercado Central cada vez que llega un crucero cargado de turistas, aunque no consideran la tasa una prioridad para Valencia y prefieren dedicar esfuerzos a perseguir los apartamentos ilegales. "El impacto de la masificación turística sobre el litoral, las aglomeraciones o el transporte sí entrañan el riesgo de generar un efecto boomerang que haga decaer la actividad turística" señalaba también el senador de Podem Ferran Martínez.

En lo que parece haber consenso es en la persecución del modelo Airbnb -y de otras plataformas- que facilita la difusión de alojamientos irregulares y en poner sobre la mesa medidas para el control de la afluencia turística, que no da señal de tener límites, así como del impacto que esta pueda generar sobre los municipios. El sector, y los vecinos, en general, opta por un modelo que prime la calidad del turismo frente a la cantidad de visitantes,  frente al turismo 'low cost' que se instala en la Comunidad Valenciana como demuestran los datos del INE: la estancia media es superior y el gasto diario está a la cola. Vienen más, durante más tiempo y gastan menos. El problema parece estar claro, pero no la solución.

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