La Audiencia vuelve a aplazar la sentencia sobre la extradición del disidente kazajo
La Audiencia Nacional ha vuelto a aplazar la decisión sobre si Alexander Pavlov, guardaespaldas del mayor opositor del régimen kazajo será finalmente extraditado de España pese a las denuncias de persecución política. El 8 de noviembre se reunirán de nuevo. En el caso de ser aprobada la extradición, la decisión final caerá en manos del Consejo de Ministros. Las extrañas operaciones realizadas en torno a este caso y los grandes intereses económicos españoles en Kazajistán activan las sospechas de diferentes organizaciones internacionales mientras recuerdan el alto riesgo del disidente de sufrir torturas y malos tratos en el caso de retornar a su país.
Buscado por la Interpol a petición de Kazajistán, Pavlov permanece arrestado en Madrid desde el 1 de junio. Le acusan de colaborar en la organización de unos atentados terroristas en la ciudad de Almaty que no se llegaron a producir, supuestamente por la intervención de las fuerzas de seguridad kazajas. También se le inculpa un delito de fraude bancario: habría estafado al BTA Bank, obteniendo un crédito de 22,5 millones de dólares de forma fraudulenta. Diferentes ONG, como Amnistía Internacional, denuncian la falta de pruebas presentadas por Kazajistán y atribuyen la búsqueda del disidente a la relación entre este y Mukhtar Ablyazov, principal opositor kazajo que huyó del país en 2009. Pavlov trabajó durante varios años como su jefe de seguridad.
La Audiencia Nacional tenía previsto dictar sentencia el pasado 27 de septiembre pero la resolución se pospuso tras requerir más información: pedían a las autoridades polacas los detalles sobre la solicitud de extradición contra Murtabek Ketebayev, también acusado del mismo delito de terrorismo que el disidente encerrado en España. Ketebayev fue detenido en Polonia y finalmente liberado al constatar que la orden de búsqueda emitida por Kazajistán a través de la Interpol obedecía a motivos políticos, según explican desde la defensa de Pavlov. “Pese a que estos nuevos datos podrían ayudar a poner freno a su extradición de España, no tenemos mucha confianza. Hay algo que nos hace pensar que no va a haber suerte”, confiesa la abogada del disidente, María Costa.
“No hemos hablado sobre ese tema”, zanjó Mariano Rajoy durante su visita a Kazajistán a finales de septiembre al ser preguntado por la posible extradición del disidente. Sí charlaron de los grandes intereses españoles en el gigante asiático y cerraron acuerdos bilaterales por valor de unos 600 millones de euros para empresas españolas como Talgo, Indra, Airbusmilitary, Typsa y Maxam. “Kazajistán es un interlocutor clave para la Unión Europea como fuente de estabilidad y prosperidad”, dijo el presidente español acerca de un país sobre el que pesan numerosas denuncias de ONG en relación a vulneraciones de derechos humanos efectuadas por las autoridades.
Los “abusos” de la Interpol
Este caso reaviva del debate sobre los errores en los que puede caer la Interpol al cumplir órdenes de búsqueda por motivos políticos. Desde la organización polaca Open Dialog, que estudia extradiciones de toda Europa, explican que la institución concentra países que representan diferentes niveles de desarrollo de la democracia, lo que hace posible, detallan, que una orden internacional de arresto sea utilizada para perseguir a los refugiados políticos. Según los resultados de los estudios realizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en los últimos 5 años, al menos 17 países con régimen no democrático, habían utilizado el sistema para perseguir a sus opositores.
La Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha denunciado también lo que considera un “abuso de la Interpol” que deriva en la persecución de opositores políticos. La presidenta de la Comisión de Democracia de la OSCE estuvo en Madrid donde se reunió con los miembros de la delegación española para discutir sobre el “uso indebido de la Interpol” y, en concreto, el caso de extradición de Alexander Pavlov. Durante su visita reconoció haber cuantificado “un aumento en estos casos” y asegura que desde la organización esperan “un debate constructivo sobre cómo ayudar a proteger la integridad de la Interpol”.
