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DESALAMBRE

"Si Colombia quiere la paz, tiene que garantizar la protección de los que la defienden"

El premio Nacional de Paz en 2012, Gerardo Vega, huyó forzosamente a España en diciembre tras descubrir un plan criminal para acabar con su vida en la región colombiana de Urabá

Su trabajo como impulsor de los procesos de recuperación de tierras en Colombia ha provocado siete amenazas de grupos ilegales y empresarios

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está durante estos días en España

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Gerardo Vega (centro)./ Fotografía cedida por la Alta Consejería para las Víctimas de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Gerardo Vega (centro). / Fotografía cedida por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Cuando se conversa con Gerardo Vega, se percibe la impotencia de un perseguido y la firmeza de un defensor de derechos fundamentales que, a base de trabajo y convicción, ha sabido mantenerse en pie durante ocho años para proteger a las víctimas del conflicto armado en Colombia y, en concreto, para ayudarles a recuperar las tierras que les quitaron a través de la violencia. Y no titubea al decir que el exilio político no es una opción y que regresará "para no darles la razón" a sus victimarios.

Su trabajo y el de la fundación que preside, Forjando Futuros, fueron merecedores del Premio Nacional de Paz en el año 2012, avalado por el Programa de Naciones Unidas –PNUD– y por los principales medios de comunicación generalistas en Colombia.

Esta defensa de los derechos humanos ha atraído, sin embargo, una lista de siete amenazas contra su integridad física que han quedado en la impunidad y que le han forzado a huir en busca de apoyo internacional. Los objetivos: forzar el avance de las investigaciones judiciales contra los responsables y obtener la garantía de que se protegerá a los líderes que, como él, trabajan en la restitución de tierras.

El más reciente plan criminal para atentar contra la vida de este abogado data del 20 de noviembre de 2013, tres días después de que asesinaran a Gildardo Padilla, un reclamante del terreno que le arrebataron y que trabajaba, como Vega, en la región de Urabá. Fue este hecho lo que le convenció de que esta vez ni siquiera los dos escoltas y el coche blindado que la Unidad de Protección le había asignado podrían lograr evitar la tragedia. Su nombre estaba en la misma lista que el de Padilla.

"Hemos solicitado al Gobierno que se identifique claramente y se procese a quienes financian, patrocinan y fomentan a los grupos paramilitares y de extrema derecha que se oponen a la restitución y que se coordinan para matar y generar desplazamientos, o que al menos verifiquen la información con los nombres que ya les hemos dado", explica Vega.

Desde 2008, al menos 16 defensores de derechos humanos especializados en la restitución de tierras o reclamantes de ellas han sido asesinados en la región de Urabá, y 64 más, a lo largo de todo el territorio colombiano.

La restitución de tierras, clave en la agenda política

Colombia es ya el país con más desplazados en el mundo, con un total estimado entre los 4,9 y los 5,9 millones. La cifra incluye a las personas a las que les han obligado a abandonar sus propiedades en los campos de Colombia, que en total suman unas 350.000 fincas, aproximadamente, y más de 8,3 hectáreas.

Esta práctica ha sido utilizada por grupos armados ilegales "con la intención de ejercer control sobre territorios que ofertan importantes beneficios económicos, tanto para dichos grupos –que en su mayoría los usan para actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas– como para empresarios dedicados a la explotación agrícola, a la ganadería extensiva o a la megaminería".

Para responder a esta problemática nace en el año 2011 una ley histórica en Colombia promovida por el actual Gobierno de Juan Manuel Santos: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que, según Vega, "aunque sea la mejor en años, no sirve de nada si no se aplica y, además, mucho más rápido". Se trata, por su lado, del primer punto en la agenda de los diálogos de paz en Cuba entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "lo que demuestra la repercusión que tiene en el país el tema de las tierras cuando se habla de la posibilidad de construir la paz en el país".

Y para que la Ley de Víctimas sea efectiva, según Vega tienen que darse varias garantías: protección para los reclamantes de tierras, efectividad en las investigaciones pertinentes, difusión del nombre de los culpables para que no vuelvan a repetir sus actos y prohibición del porte de armas en las zonas afectadas; lista que engloba en dos términos fundamentales: justicia y verdad.

"Hay posibilidades de que se encauce la aplicación de la ley, siempre y cuando el Gobierno garantice que las órdenes de los jueces se cumplen y se tengan en cuenta factores como la reparación colectiva, que aceleraría mucho los procesos de una normativa que hasta ahora sólo ha cumplido con un 0,01%, aproximadamente, de sus objetivos".

Gerardo seguirá liderando desde la lejanía el trabajo de la Fundación Forjando Futuros en coordinación con la Asamblea de Cooperación para la Paz, organización española que trabaja desde hace 15 años de la mano en la protección a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Seguirá buscando el apoyo internacional público y privado para que este panorama de coacción y atentados contra los líderes sociales y defensores de los derechos fundamentales no vuelva a repetirse.

"Si Colombia quiere la paz, tiene que garantizar la protección de los que la defienden".

Visita a España del presidente colombiano

“Si ser traidor es querer buscar la paz, bienvenido sea”. Es la respuesta del presidente de Colombia, José Manuel Santos, a las críticas despertadas en su país alrededor de las negociaciones con las FARC en La Habana. Santos ha llegado a reconocer imaginarse a representantes de la guerrilla de las FARC sentados en el Congreso. Durante su visita a España se reunirá con los reyes y mantendrá una cena con el presidente español, tras la que no habrá conferencia pública. 

“Un proceso de esta naturaleza lo que busca es que aquellos que generen violencia dejen las armas y que, si lo desean, hagan política por la vías legales y se incorporen en el sistema democrático. Por eso buscamos que cambien armas por argumentos, balas por votos”, ha matizado Santos en una entrevista a la Cadena SER. “Si el pueblo quiere una sociedad marxista, como ellos quieren, que se ganen esos derechos con los votos, no con las balas”.

“Colombia por primera vez está pendiente de las víctimas en el centro del conflicto: reparación de víctimas y devolución de tierras. Lo que busca es empezar a sanar las heridas, y una de las formas es reparando a las víctimas y procurar respetar sus derechos". Amnistía España ha recordado a Santos la importancia de no renunciar a la justicia durante las conversaciones de paz.

Lucha contra el narcotráfico: “Si las FARC, que durante tanto tiempo ha estado protegiendo ese negocio, ahora se convirtiesen en aliados del Gobierno para acabar con el negocio, va a ser muy productivo”.

Someter a referéndum los acuerdos con la guerrilla: Sabemos que, con su sometimiento a referéndum, corremos peligro a que no se apruebe, pero, si se hace, necesita tomar grandes riesgos. Si logramos los acuerdos, el reto será hacer la pedagogía suficiente para que el pueblo entienda que lo importante es dejar años de conflicto a un lado. Todo logro tiene un precio".

Desigualdad: "Hemos puesto en marcha políticas a ese objetivo. Dos millones y medio de colombianos han salido de la pobreza; y más de un millón, de la pobreza extrema. Teníamos un problema: nuestra economía crecía, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. A través de reformas tributarias donde pagan un poco más los ricos y dejan de declarar la renta los que menos tienen, hemos conseguido reducir la desigualdad". Durante 2013 tuvo lugar un paro nacional del campesinado e importantes movilizaciones contra la pobreza sufrida especialmente en este sector.

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