El Tribunal Supremo de Kenia declara inconstitucional el cierre del campo de refugiados de Dadaab

El Tribunal Supremo de Kenia ha declarado este jueves inconstitucional la decisión del Gobierno de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, el más grande del mundo, con el argumento de que es un lugar de reclutamiento para la milicia yihadista somalí Al Shabab.

La Corte ha estimado el recurso presentado por la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y la ONG Kituo Cha Sheria contra la decisión del Ejecutivo de Uhuru Kenyatta, que anunció que cerraría el campo de Dadaab el pasado noviembre, lo que obligaba a más de 260.000 refugiados somalís a volver a su país, según ha informado hoy Amnistía Internacional (AI).

En su fallo, el magistrado Justice John Mativo afirma que forzar la repatriación de los refugiados a Somalia, que carece de servicios básicos ni garantiza su seguridad, representa “un acto de persecución para los refugiados somalís”.

El juez también considera que el ministro de Interior, Joseph Nkaissery, y su secretario de Estado, Karanja Kibicho, se excedieron en sus competencias al emitir la directiva para cerrar el campamento.

Por su parte, el titular de Interior ha alegado que la repatriación se ha hecho de forma “humana”, con un presupuesto de un billón de chelines (9 millones de euros) destinado por el Gobierno.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) negocia desde hace tiempo con las autoridades kenianas un plan que permita el cierre sin ninguna repatriación forzosa.

“Detener el cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un primer paso esencial en el respeto y la protección de los derechos de los refugiados. Ahora, Kenia y la comunidad internacional deben trabajar para encontrar soluciones alternativas”, ha asegurado el director regional de AI, Muthoni Wanyeki.

El Gobierno keniano decidió retrasar el pasado noviembre dicho cierre seis meses más alegando “motivos humanitarios”, por lo que su desmantelamiento se iba a producir el próximo mayo.

“Hoy es un día histórico para más de un cuarto de millón de refugiados que corren el riesgo de ser devueltos a la fuerza a Somalia, donde estarían en grave riesgo de sufrir abusos de sus derechos humanos”, añade Wanyeki, en un comunicado.

Críticas internacionales al cierre

El Ejecutivo anunció el cierre del campo el pasado mayo por cuestiones de “seguridad nacional”, al asegurar que los terroristas se mezclan entre los refugiados para planear atentados, y ofrecía solo la opción de volver a Somalia.

El debate sobre la presencia de refugiados en el país se avivó después de la masacre en la Universidad de Garissa, en la que el grupo terrorista somalí Al Shabab acabó con la vida a 148 personas. El entonces ministro del Interior aseguró que los campos de refugiados eran lugares “inseguros” en los que se escondían “delincuentes y terroristas”.

El cierre del campamento de Dadaab ha suscitado numerosas críticas internacionales por la dificultad y el peligro que supone repatriar a esas personas a un país que todavía vive en guerra y bajo la amenaza constante de los extremistas de Al Shabab.

Médicos Sin Fronteras pidió al Gobierno que reconsiderase la decisión del cierre de los campos, ya que “peligraba la vida de cientos de miles de personas”.

“Somalia está devastada por más de 20 años de conflicto. Los combates entre las fuerzas del gobierno, que cuentan con el apoyo de tropas de la Unión Africana, y los extremistas de Al Shabaab han causado violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas contra la población civil y destruido servicios e infraestructuras básicas”, ha señalado Amnistía Internacional.

Dadaab lleva en pie 25 años. Se creó entre octubre de 1991 y junio de 1992 para dar cobijo a los refugiados que huían de la guerra civil somalí que culminó en 1991 con la caída de Mogadiscio y la salida del Gobierno central.