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DESALAMBRE

Human Rights Watch denuncia que España aún no ha hecho justicia por las 15 muertes en El Tarajal

La organización internacional critica que "ningún funcionario español ha recibido sanciones disciplinarias" ni se ha producido la dimensión de ningún responsable

HRW apunta que la investigación juducial abierta avanza "muy lentamente" y alerta sobre la "incertidumbre" con respecto a qué tribunal se encargará del caso

La organización llama la atención también sobre la intención del Gobierno de legalizar las 'devoluciones en caliente', una práctica que ya se realiza en Ceuta y Melilla

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Imagen de la Guardia Civil con equipamiento antidisturbios recibiendo a los inmigrantes en la playa de Ceuta

Imagen de la Guardia Civil con equipamiento antidisturbios recibiendo a los inmigrantes en la playa de Ceuta

Human Rights Watch (HRW) ha difundido un comunicado internacional este miércoles en el que denuncia que España todavía no ha hecho justicia por la muerte de las 15 personas que perdieron la vida intentando alcanzar la playa ceutí de El Tarajal. Ha pasado casi un año de los fallecimientos, que tuvieron lugar en la mañana del 6 de febrero de 2014, mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y botes de humo al agua para disuadirles.

En total, se recuperaron 14 cadáveres, cinco de ellos en aguas españolas, aunque la organización dice atendiendo a los testimonios de supervivientes y familiares que "otra persona, la única mujer, habría muerto ese día" y "su cuerpo no ha sido recuperado".

De las víctimas, 11 eran originarias de Camerún, mientras que las otras tres cuyos cuerpos se recuperaron provenían de Guinea, Costa de Marfil y Senegal. El gobierno español reconoció que 23 sobrevivientes que lograron alcanzar la costa en Ceuta fueron entregados inmediatamente a los guardias fronterizos marroquíes, conforme recuerda HRW.

"Se trata de muertes siniestras, y los señalamientos apuntan a graves irregularidades por parte de miembros de la Guardia Civil. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas merecen conocer la verdad sobre lo sucedido y que se imparta justicia", afirma la investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch, Judith Sunderland.

Sin embargo, "ningún funcionario español ha sido procesado ni ha recibido sanciones disciplinarias por los trágicos decesos en Ceuta ocurridos un año atrás, y tampoco ningún responsable ha presentado su dimisión", apunta esta ONG internacional. Además, recuerda que el Partido Popular "utilizó su mayoría absoluta en el parlamento para bloquear una moción que proponía tratar la creación de una comisión ad hoc encargada de investigar los acontecimientos".

"Habituados a la injusticia"

La organización cita el testimonio de Kakoly (nombre falso), un joven de Costa de Marfil que en una entrevista telefónica les narró cómo perdió a su mejor amigo ese día. Él logró llegar hasta la costa, pero recibió impactos de balas de goma en una pierna y debajo de un ojo, lo que le ha dejado secuelas, y fue devuelto a Marruecos.

Según HRW, este joven recibió tratamiento médico gracias a la ayuda de una ONG, pero todavía tiene problemas de visión en el ojo derecho y su expectativa de que se haga justicia es reducida. "Yo, un sencillo clandestino, ¿qué posibilidades tengo de exigir justicia? Estamos habituados a la injusticia", dijo en la entrevista con la entidad.

"España debería dar a Kakoly la oportunidad de justicia que él cree que está fuera de sus posibilidades", señaló Sunderland. "Debería asegurar que haya plena rendición de cuentas por lo sucedido ese día, y que los funcionarios que presuntamente tengan responsabilidad por la muerte de su amigo y otras tantas personas sean enjuiciados".

En este sentido, la organización dice que la investigación judicial sobre las muertes, las personas heridas y los retornos sumarios ocurridos ese día "han avanzado muy lentamente", pues la juez al cargo en Ceuta ha realizado "pocas diligencias de oficio y ha negado o postergado la adopción de diligencias solicitadas por las cuatro organizaciones españolas y los seis familiares que se han personado como acusación popular".

Conforme recuerda HRW, a mediados de diciembre, la jueza pidió que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional aduciendo que no tenía competencias, extremo al que se ha opuesto la Fiscalía. "La incertidumbre con respecto a qué tribunal finalmente se declarará competente suscita el temor de que pueda haber mayores dilaciones", plantea la ONG.

Se institucionalizan los retornos sumarios

Por otra parte, destaca que a lo largo del año distintas ONG han venido denunciando "incidentes de uso excesivo de la fuerza y expulsiones sumarias por parte de agentes de la Guardia Civil en las fronteras de los enclaves, en particular desde Melilla", pero el Gobierno, "en vez de superar estas prácticas abusivas, ha buscado institucionalizar una política de retornos sumarios".

Se refiere así a la reforma de la Ley de Extranjería introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en el Senado que, a juicio de HRW, "formalizaría el retorno sumario de inmigrantes y solicitantes de asilo desde los enclaves hacia Marruecos", algo a lo que se han opuesto organizaciones e instituciones nacionales e internacionales e ilegal según las actuales normas nacionales e internacionales.

"Cada año, miles de personas ponen en riesgo su vida al tratar de llegar a Europa, y hay amplias evidencias que demuestran que las prácticas españolas en las fronteras de este país agravan aún más la peligrosidad de esos intentos", asegura Sunderland. En su opinión, "si (el comisario de Interior e Inmigración de la UE, Dimitris) Avramopoulos se propone abordar seriamente el sistema disfuncional de inmigración y asilo de la UE, no debería ignorar los abusos en los enclaves de España".

HRW añade además en su comunicado que muchos de quienes llegan y trepan el primer vallado que rodea Melilla permanecen allí, a veces durante horas, hasta que la Guardia Civil los obliga a descender y a regresar a Marruecos. Es el caso de  las seis personas que fueron atendidas por la Cruz Roja este martes y que después fueron expulsadas sin garantías al reino alauí.

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